La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de tres años de prisión sorprendió ayer a José Ángel Fernández Villa en una de sus revisiones rutinarias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Había acudido a una consulta de Hematología acompañado por ... su mujer, María Jesús Iglesias, quien fue la encargada de darle la noticia tras recibir en torno a las 10 y media de la mañana la llamada de su abogada, Ana García Boto. Fue ésta quien les comunicó que la sala que preside María Luisa Barrio había considerado al ex secretario general del SOMA culpable de un delito de apropiación indebida continuada y que, además de indemnizar al SOMA con los 431.330 euros que le reclamaba, y de la correspondiente multa, pedía para él tres años de cárcel. Menos de los que solicitaban la Fiscalía del Principado y la acusación particular, pero suficientes para que cualquier ciudadano incluso sin antecedentes penales, como es su caso, pueda tener que ingresar en la cárcel.
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La respuesta de Villa no se hizo esperar y, tal y como relata su mujer, preguntó de inmediato si en la sentencia ya queda especificado cuándo tendrá que entrar en prisión. «¿Y ya dice cuándo tengo que entrar en la cárcel?», le preguntó preocupado a su esposa que, en ese momento, no supo cómo contestarle. «Yo aún no tengo el documento», explicaba a EL COMERCIO horas más tarde, todavía sobresaltada por la noticia.
María Jesús Iglesias reconoce que el fallo del tribunal ha sido para ellos un sorpresa, si bien su letrada ha tratado de tranquilizarles comunicándoles que no se trata de una sentencia firme y que en el escrito judicial no figura ni mucho menos cuándo el exsindicalista debería entrar en prisión. Quedan aún muchas vueltas para que esto pueda llegar a ser una realidad, si alguna vez lo es. «La abogada dice que está mal redactada y que vamos a presentar un recurso», avanzó a este diario Iglesias, para quien esta apelación es ahora la única esperanza de que la sentencia no prospere.
Villa y su familia no daban ayer crédito al fallo y, pese a que conocían la sentencia condenatoria contra el otro acusado, Pedro Castillejo, confiaban en que el exlíder sindical corriera mejor suerte. «Castillejo no entregó ningún documento, Villa lo entregó todo. No dejó nada por presentar. Todos los tiquets de todos los gastos y todo lo que se nos pidió», comparó indignada la mujer. «No nos lo explicamos», repetía una y otra vez ya desde su domicilio.
Recibir la noticia en el hospital supuso un doble susto. El tratamiento de cortisona que recibe Villa le obliga a ir periódicamente al centro hospitalario para controlar las plaquetas y, precisamente ayer, se encontraba en una de estas revisiones cuando sonó el teléfono para comunicarle la sentencia, que se esperaba para finales de este mes o principios del próximo. «Estoy que no respiro», decía Iglesias aún aturdida por todo lo ocurrido.
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Aunque la Audiencia Provincial condena a José Ángel Fenández Villa a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida continuada, existen dudas fundadas de que acabe ingresando en prisión. Parece difícil que tanto la Fiscalía como la acusación particular pidan, al menos por el momento, la ejecución de la condena, al no encontrarse ante una sentencia firme y no tratarse de una persona que pueda suponer un peligro público, motivos por los que difícilmente ningún tribunal ordenaría su ingreso. Desde el sindicato minero explicaban ayer que se trata de una decisión que no se ha adoptado aún y que deberán estudiarla en los próximos días. No obstante, parece complicado que el exsindicalista pueda llegar a entrar en prisión porque, incluso con sentencia firme y una petición de ejecución de la misma, la defensa tratará de evitar en todo momento su entrada en la cárcel utilizando su edad y su delicado estado de salud como principales argumentos.
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