Villa alega la prescripción de los hechos y que se le privó de «un juicio justo»

«Tengo déficit físicos muy importantes», sufro un «confusionismo tremendo» por el sonido de la sala y «hay desequilibrios» entre «representantes y representados». Éstas fueron algunas de las confusas y pausadas ideas lanzadas ayer por José Ángel Fernández Villa, investigado por un delito de apropiación indebida, cuando tomó la última palabra minutos antes de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dejara el juicio del 'caso Villa' visto para sentencia.

El ex secretario general del SOMA ejercía su derecho después de escuchar las conclusiones de su defensa, a cargo de Ana García Boto, quien pidió la libre absolución tras tratar de demostrar que no se había garantizado un juicio justo, especialmente en la fase de instrucción, y que la querella del SOMA no obedece a hechos probados sino a la «necesidad (del sindicato) de hacer leña del árbol caído» tras sentirse «defraudados» por la regularización de 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal por parte de quien fuera su máximo responsable sindical durante treinta años. «Pero esa regularización todavía está siendo investigada, el SOMA debería haber sido más cauteloso», sentenció Boto, quien, completó, si como entiende la Fiscalía y la acusación el dinero del sindicato se «malgastó» en puros y restaurantes, «no podía estar en una caja fuerte para llevarla a un banco para regularizar».

El sindicato minero que lidera ahora José Luis Alperi, no obstante, descartó desde el principio que esta fortuna oculta procediera de las arcas de la organización sindical y se limitó a interponer una querella en la que se acusaba al exlíder de apropiarse indebidamente de más de 434.000 euros. El grueso de este dinero, unos 250.000 euros, correspondería a los fondos con los que se habría quedado entre 1989 y 2001, al no ingresar los talones nominativos que le eran entregados por parte de Hunosa en concepto de dietas de los delegados sindicales en el comité intercentros. El resto, unos 180.000 euros, se trata de dinero que supuestamente habría gastado entre 2009 y 2012 -marco temporal que abarca el informe económico que sustenta la querella- con cargo a las diversas tarjetas de crédito del sindicato y otros fondos del SOMA sin justificar. De ellos, unos 60.000 corresponden a la compra y seguro de un vehículo particular y el resto a otra serie de desembolsos que el sindicato entiende ahora que son ajenos a la actividad que Villa desempeñaba en la organización. Un cajón de sastre en el que entraba prácticamente de todo y que se contabilizaba a través de hojas de gastos a su nombre.

La abogada de Villa insistió ayer en que buena parte de los hechos que se imputan a su cliente están prescritos, principalmente los que tienen que ver con los cheques de Hunosa, pero también que no se garantizó el derecho a un juicio justo al exdirigente sindical en varias ocasiones a lo largo del procedimiento. Citó, entre otras, la negativa de la jueza de instrucción, Simonet Quelle Coto, a que un perito designado por la defensa estuviera presente durante la exploración neurológica a la que, a instancia de la acusación, se sometió el exsindicalista, y que determinó que sí estaba en condiciones de ser juzgado porque exageraba los síntomas de su deterioro cognitivo. «Incluso se me amenazó a mí con la detención si me acercaba, lo más humillante que he sufrido en mi vida profesional», llegó a decir García Boto.

La letrada aseguró que en los dos últimos ingresos hospitalarios de su cliente -el primero motivó incluso la suspensión temporal del juicio- sufrió sendas anginas de pecho y anotó que «cualquier cardiólogo sabe que se pueden convertir en infarto en cualquier momento». Por ello, se quejó de que la Audiencia Provincial denegase la posibilidad de que Villa se sometiera a una nueva exploración forense. Además, Boto llegó a poner en duda la profesionalidad e independencia del Instituto de Medicina Legal de Asturias. «Si no son capaces de discernir entre un vivo y un muerto, dudo que puedan hacerlo entre una persona con patología y otra sana», espetó, para acabar diciendo que el deterioro cognitivo de su cliente «se agravó en el último mes» y que la vista oral ha sido un «encarnizamiento judicial» porque, «si no se acuerda de lo que cenó ayer, cómo se le voy a pedir que recuerde a quién le regaló un perfume hace años».

Al margen de todo esto, la defensa entiende que los cargos al SOMA emitidos por Villa como gastos de representación están «justificados» en su condición de secretario general «imparable y sin descansos» e, incluso, hizo un cálculo para cifrar entre los 600 y 751 euros al mes su dispendio en este concepto. «Para el hombre que tenía una mano de hierro, el que más mandaba en Asturias, como dice el fiscal, no creo que fueran unos gastos ni excesivos ni desproporcionados», sentenció la letrada. Criticó también la «doble vara de medir» que, en su opinión, ha demostrado la acusación al no querellarse contra otros dirigentes del sindicato, citando explícitamente al exsecretario de Administración de la junta, Amalio Fernández, quien según la contabilidad también realizó importantes gastos de representación que, desde la organización, sí se consideran justificados. «Pero el SOMA puede dejarse robar por quien quiera», ironizó la letrada, quien tampoco quiso pasar por alto la voluntad de la familia de su cliente de devolver el coche, los libros y el dinero que pudiera haber ingresado Villa y que, de alguna manera, reconoce que no le correspondía.