Villa replica, enfadado, a Alperi: «¡Mentira!»

El primero de ellos, el actual secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, quien aseguró que buena parte de los libros que el exdirigente sindical adquirió en su etapa al frente de la organización «los empaquetó y se los llevó» a su domicilio del barrio de La Florida. No solo libros, añadió, también «documentos, recuerdos y hasta mochilas y bolis de congresos del sindicato». También las agendas del exdirigente sindical, añadió al término de su interrogatorio, lo que provocó el enfado del acusado. «Mentira», se le escuchó decir con claridad mientras levantaba la mano para tomar la palabra. Su mujer, María Jesús Iglesias, sentada a su lado en el banquillo de los acusados en calidad de acompañante, tal y como aconsejaron las médicas forenses que le examinaron antes del juicio, le bajó la mano y le pidió que permaneciera en silencio.

No fue el único momento en el que Villa perdió las formas. También se le escuchó responder por Amalio Fernández, quien fuera secretario de la junta de administración del SOMA entre 1994 y 2014, cuando la jueza María Luis Barrio le preguntaba qué tipo de relación mantuvo con el acusado. «Ninguna», soltó el acusado para sorpresa de la sala, acostumbrado a verle prácticamente inmóvil durante las primeras sesiones del juicio. Amalio Fernández ratificó la teoría de la acusación y mantuvo, entre otras cuestiones, que no se aprobó en ninguna junta la adquisición de un coche Mitsubishi e, incluso, que cuando él preguntó por esa cuestión le aseguraron que lo había comprado personalmente Villa. También dijo que él nunca recibió dietas por la asistencia a los comités intercentros por parte de Hunosa. A su salida de la sala se pudo ver a Villa dirigirse a él, aunque en esa ocasión no se escucharon con claridad sus palabras.

En la misma línea que Amalio Fernández declaró Aquilino Ronderos, ex secretario de administración de SOMA-Fitag-UGT. Como ya hiciera en fase de instrucción, Ronderos quiso puntualizar que su responsabilidad en la junta administradora del SOMA-UGT era nula, pese a que José Ángel Fernández Villa le señaló durante su declaración, junta al excontable Juan Cigales y a Amalio Fernández, como responsables de cualquier irregularidad contable en esta organización.

En línea con el argumento de la defensa declararon José Antonio Postigo, exsecretario de acción sindical del SOMA y expresidente del Montepío, así como José Ramón Fernández, tesorero de la organización sindical en la época que se investiga. El primero mantiene que el famoso Mitsubishi -cuyo coste forma parte de los más de 430.000 euros que el sindicato reclama ahora al acusado- era utilizado por todos los dirigentes y trabajadores del sindicato, lo mismo que los libros que fue adquiriendo Villa a lo largo de su etapa al frente de la organización. «Yo mismo tengo dos o tres en casa», reconoció. Insistió en que la decisión de poner el coche a nombre de Villa y luego pagarle cuotas mensuales fue tomada por el sindicato para conseguir un descuento fiscal, y también que «hubo una mini reunión con cuatro, cinco o seis compañeros» que acordaron seguir pagando aquella cuota una vez liquidada la deuda para «compensarle económicamente» su pérdida de ingresos al cesar en su cargo como senador. Mantuvo que eran varios en el sindicato los que sabían falsificar la firma del exlíder, que era Villa quien se ocupaba de pagar comidas y demás gastos cuando se hacía un viaje y que los regalos de cortesía «se hacen en la organización desde siempre». Incluso apuntó como corresponsables de cualquier irregularidad a quienes ocuparon en aquellos años el cargo de secretario de organización, «los segundos de a abordo», citando a Juan José Pulgar, Jesús Armando Fernández Natal y al propio José Luis Alperi. En cualquier caso, mantuvo que nadie nunca puso en entredicho los gastos de Villa.

José Ramón Fernández, por su parte, también aseguró que los coches eran utilizados por «todos los que los necesitaban» y que era Villa quien se ocupaba de pagar los gastos de desplazamiento y manutención cuando se hacían viajes por cuestiones relacionadas con la actividad sindical. Incluso manifestó que Villa pidió hacer una auditoría de las cuentas en su último año al frente de la organización porque «no estaba de acuerdo con las cuentas». Fernández asegura que le dijo: «Firmamos esto y se acabó, marchamos para casa y cerramos el ciclo con el sindicato».

Jesús Armando Fernández Natal fue el último testigo en declarar en la jornada de hoy. Confirmó que cualquier operación precisaba de la firma de dos personas y que tenían esta capacidad el propio Villa, el secretario de organización y el secretario de administración de cada momento.

El exdirigente sindical llegó a la sede judicial como en las anteriores ocasiones. En taxi, pocos minutos antes de la hora en la que estaba citado y acompañado de su mujer, María Jesús Iglesias.

El exsindicalista permaneció seis días ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) después de que, cuando apenas habían transcurrido siete horas desde que concluyera la tercera sesión del juicio, se encontrara indispuesto en su domicilio y su familia llamara a los Servicios de Urgencias. Una UVI móvil le trasladó al centro hospitalario de la capital, donde quedó ingresado en la planta de Cardiología. Quedaban por celebrarse otras tres sesiones del juicio oral fijadas por la Audiencia Provincial por un delito de apropiación indebida continuada contra Villa -a quien el SOMA reclama más de 430.000 euros- y contra el exsecretario general de la fundación Infide, Pedro Castillejo -a quien le acusan de apropiarse de cerca de 115.000 euros a través de gastos no justificados-.

La titular de la sala, María Luisa Barrio, aceptó a petición de la defensa del exlíder sindical de suspender temporalmente el juicio en relación a su persona, aunque continuó la causa abierta contra Castillejo, que se prolongó otras dos jornadas y quedó visto para sentencia. El juicio contra Villa se retomó hoy y continúa los días 23 y 25 de julio.