«La concesión de la subvención al Montepío fue una decisión política»

Sus palabras no hicieron más que ratificar la teoría de Anticorrupción de que José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del SOMA, se aprovechó de su «poder político» y su buena relación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir esta ayuda. Precisamente por ello, Merino era uno de los testigos más relevantes de la jornada de ayer, en la que estaban citadas otras diez personas. Anticorrupción quiere elevar la investigación al ámbito de la administración pública para depurar posibles responsabilidades por parte de cargos políticos y funcionarios, al entender que las irregularidades no solo se habrían cometido en las obras de la residencia, sino también en la concesión de la ayuda y en el control de estos fondos mineros por parte del citado instituto, que hoy depende del Ministerio de Energía.

El funcionario, sin embargo, defendió de forma «contundente» y «vehemente», según describieron fuentes cercanas al caso, la legalidad con la que se tramitó desde un punto de vista administrativo la ayuda. «Se verificaba todo correctamente. Si los técnicos de la obra falsificaron las certificaciones, eso no es responsabilidad del Instituto», anotó.

Merino, que declaró cerca de dos horas, también repitió en varias ocasiones que, desde su punto de vista, el hecho de que la obra hubiera comenzado mucho antes de que fuera concedida la ayuda no debe generar sospechas. «Es totalmente legal porque puede empezarse la obra y luego decidir solicitar la subvención», respondió a las incisivas preguntas formuladas por el fiscal Ignacio Stampa, a quien parecía no convencerle la respuesta. Más aún, según la interpretación que el funcionario realiza de la ley de subvenciones, esta actuación no estaría sujeta a la ley de contratación pública y, por lo tanto, no habría sido necesaria sacarla a concurso, lo que restaría importancia a las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la obra a Alcedo de los Caballeros.

No obstante, tal y como ya había asegurado en la Fiscalía Anticorrupción y también en la comisión de investigación celebrada en la Junta, Merino reconoce que antes de proceder al último pago se detectaron «deficiencias administrativas», aunque puntualizó que estas irregularidades carecen de relevancia penal. Como consecuencia, el Ministerio de Energía y el Montepío de la Minería mantienen una disputa administrativa por la que la mutua exige el pago de 3,3 millones pendientes de abono, mientras que el Gobierno central reclama un reintegro de 425.000 euros. Este expediente está ahora paralizado a expensas de lo que se resuelva en este proceso penal.

Previamente declararon dos peritos de la Agencia Tributaria, citados para dar cuenta de la investigación fiscal abierta a José Antonio Postigo, expresidente del Montepío, antes incluso de que se acogiera a la amnistía. También declararon proveedores que participaron en la construcción de las viviendas de Postigo y el constructor, José Antonio Fernández, de Valladolid, y que explicaron que cobraban en «metálico». Por último, el delegado de Repsol defendió el acuerdo alcanzado con el Montepío para la construcción del depósito de gas.