El Principado cifra en 5,1 millones el agujero del 'caso Renedo', pero tiene difícil su recuperación

Los cinco principales condenados del 'caso Renedo' ingresarán el lunes en prisión y, si no, la Audiencia Provincial decretará su búsqueda y captura. Llega la hora de pagar con la libertad, pero también con el patrimonio. Los sentenciados tienen diez días para abonar las multas judiciales, que suman 4,28 millones. Además los magistrados han concedido un mes al Principado para que aclare cuánto dinero le deben María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez por los perjuicios causados al erario. Los delitos atribuidos al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le eximen de esa responsabilidad.

La ejecución de esta parte de la sentencia remite a una cuestión capital: ¿a cuánto asciende el fraude? Es imposible dar una cifra exacta, pero el Principado maneja tres informes que sirven de referencia. Dos de ellos los elaboró la Inspección General de Servicios y se centraron en los contratos que tramitó Marta Renedo en las consejerías de Cultura y Administraciones Públicas a nombre de Oxiplans, Azucena V. e Implans Mounts, tres tapaderas que utilizaba para desviarse fondos. El trabajo estima en 1,15 millones el dinero malversado.

El tercero en discordia analizó los contratos adjudicados desde la Consejería de Educación a las empresas implicadas en la trama durante el último año y medio en el que el departamento lo regían José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero. La pericial contrastó las facturas pagadas y detectó cuatro millones abonados por muebles que no aparecen en los colegios e institutos donde se suponía fueron entregados.

En total, la suma de los tres informes del Principado arroja un posible agujero de 5,15 millones. Hay elementos para suponer que es una cifra a la baja. En lo tocante a Renedo, la comisión de investigación abierta en la Junta General analizó también los contratos que pasaron por manos de Renedo y eran adjudicados a empresarios con los que guardaba relación. Aquellos en los que vio sospechas de fraude fueron entregados al Tribunal de Cuentas que, tras realizar sus pesquisas, elevó a 1,5 millones el perjuicio. Respecto al descuadre de cuatro millones de Educación, basta decir que se centra en las facturas del último año y medio de Riopedre y Otero, y que ambos fueron consejero y directora general durante siete años.

Pero el Principado ni siquiera podrá hacer valer todos los informes en la fase que ahora se abre. La Audiencia especifica que su reclamación debe ajustarse a «los hechos que quedan probados tras la sentencia resolutoria del recurso de casación». Una cadena de errores en la estrategia de acusación han terminado rebajando la suma que en este proceso se podrá reclamar.

La mayor equivocación atañe al informe de los cuatro millones en Educación. El Principado lo cerró unos meses antes de que comenzara el juicio. La Fiscalía y la Audiencia recriminaron a la administración que tuvo más de tres años para presentarlo, y que ahora no cabía incorporarlo al pleito. El documento presentaba hechos por los cuales no habían sido interrogados los sospechosos en la fase de investigación, algo esencial para respetar sus derechos. El proceso continuó y aquella pericial se mandó a la casilla de salida: sobre ella se inició una nueva investigación judicial que acumula dos años y medio.

Al dejar al margen ese informe, el juicio habría quedado muy mermado en los asuntos de Educación si no hubiera sido por un informe que en su día encargó el magistrado-juez Ángel Sorando. Mandó a la Policía a siete colegios e institutos, elegidos a modo de muestra; fueron con las facturas y volvieron corroborando que se habían pagado 1,5 millones por materiales que no aparecían.

El segundo error de calado, sin embargo, se cometió en el mismo juicio. La lista de testigos citados pasaba del centenar, pero ninguna acusación incluyó a los directores de los siete centros visitados por la Policía. Esa omisión ha llevado al Tribunal Supremo a anular la validez que en este pleito tiene el informe de 1,5 millones.

Es decir, la habilidad de las defensas y los errores de la acusación privan a esta última de dos informes clave para pedir la devolución de fondos en Educación. Al Principado le quedan elementos sobre los que fundar su reclamación, pero son de menor entidad. A Muñiz, por ejemplo, se le ha condenado por los 200.000 euros cobrados por amueblar en Belén de la Montaña un centro inexistente. La sentencia da por probado también que parte de los sobornos que pagaron los empresarios los financiaban con los fondos públicos que recibían por otro lado. Eso permite apoyarse en los informes de la Agencia Tributaria, que creen que Igrafo y APSA dieron a Otero y su clan atenciones valoradas en 2,4 millones. Sin embargo distinguir cuántos de ellos tuvieron su origen en el erario y cuáles los pagaban los empresarios de su bolsillo será una cuestión que centre el nuevo debate.