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No está todo dicho en el 'caso Renedo'. El pasado día 13 el Tribunal Supremo estimó parcialmente la mayoría de los recursos interpuestos por quienes fueron condenados en 2017 por la Audiencia Provincial, rebajando las penas y absolviendo de parte de los delitos ... a todos salvo a Marta Renedo. Sin embargo el Alto Tribunal acaba de aprovechar la aclaración solicitada por una de las partes para subrayar un matiz: la responsabilidad civil, esto es, el dinero que cabe devolverle al Principado como parte perjudicada, es un asunto todavía sujeto a controversia.
La aclaración llega a resultas de un escrito dirigido por Javier Díaz Dapena, representante del empresario Alfonso Carlos Sánchez. Se trata de una de las partes a las que más ha favorecido interponer el recurso de casación; gracias a él los magistrados del Tribunal Supremo intervinieron para establecer que el cliente había sido condenado en primera instancia por dos delitos que no le correspondían: la falsedad y la malversación. El abogado solicitó una aclaración de sentencia para remarcar que si su representado quedaba libre de ellos, en consecuencia tampoco debía devolver fondo alguno al Principado.
En la respuesta, el Alto Tribunal confirma la absolución por esos dos delitos, y en consecuencia, coincide en que en base a ellos no se le puede reclamar multa ni indemnización alguna al empresario. Sin embargo deja la puerta abierta a que los castigos económicos que se deriven del delito de cohecho.
La incertidumbre tiene su base en la sentencia de primera instancia, la que dictó en 2017 la Audiencia Provincial. Aquella resolución «no se muestra muy explícita ni prolija en su argumentación, dejando para la fase de ejecución de sentencia toda la compleja materia relativa la cuantificación de los perjuicios ocasionados a la Administración del Principado de Asturias», refleja ahora el Alto Tribunal. Es un hueco que el recurso de casación no ha podido cubrir, por lo que las cuestiones de quién debe devolver el dinero al erario y cuánto quedan aún abiertas, a expensas de que la causa vuelva a la Audiencia Provincial y ésta inicie la fase de ejecución de sentencia.
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