El Supremo rechaza rebajar los nueve años de cárcel a Marta Renedo

La mujer que aprobó las oposiciones para ejercer de funcionaria en un puesto rutinario y terminó suplantando identidades y desviando más de un millón del erario público queda así con la mayor condena de toda la trama de corrupción, al menos en lo que a privación de libertad se refiere. La sentencia reivindica la honorabilidad de los servidores públicos y es especialmente crítica con quienes pervierten los principios de honestidad que deben regirles.

En su aclaración de sentencia el letrado que representa a Renedo reclamaba que se le aplicara la redacción del Código Penal vigente desde 2015. La respuesta de los magistrados es que de hacerlo así, tendría que considerar también un artículo que el solicitante no contemplaba, y con el que advierte de que «la acusada saldría claramente perjudicada».

El Tribunal Supremo recalca que la funcionaria tiene más delitos que los cometidos juntos al también condenado empresario de Igrafo. Recuerda así que su carrera delictiva habría comenzado al poco de sacar la plaza, en 2002.Fue concretamente en la Consejería de Asuntos Sociales, cuando se habría desviado una subvención de 1.202 euros que estaba destinada para ayudar a los emigrantes a su retorno. Para ello empleó la identidad de una mujer afincada en Argentina ajena a los hechos. Luego se habría valido del nombre de una empresa inexistente, Oxiplans, para volver a desviarse 181.855 euros de la Consejería de Cultura. Con los datos de una vecina de Gijón en la Consejería de Administraciones Públicas se procuró otros 255.000 euros, recuerda la aclaración de sentencia. «Los referidos episodios integran la esencia y núcleo del delito continuado de malversación y hay que considerarlos sustancialmente ajenos a la adjudicación de contratos y material homologado a Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez», dueños de Igrafo y APSA.

Además de la prisión, la funcionaria es condenada al pago de una multa de 480.000 euros. El total de sanciones puestas a Renedo, Sánchez, Muñiz y el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre suma 4,28 millones. Quien se libra de este tipo de castigo es María Jesús Otero; en primera instancia a la ex directora general sí se le puso una multa de 2,5 millones.