'Caso Renedo' | Diez años en los juzgados

Las detenciones en la mayor trama de corrupción en la administración del Principado tuvieron lugar la mañana del 24 de enero de 2011. El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre era arrestado en su domicilio poco después del mediodía. En menos de una hora la Policía Nacional detenía a la alta funcionaria Marta Renedo, a la que fuera directora general en la consejería María Jesús Otero y a los entonces gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Se materializaba así una ingente investigación que se prolongó durante casi dos años, y que se inició a raíz de la denuncia de una mujer, al detectar que alguien había abierto una cuenta bancaria con los datos de su madre, de edad muy avanzada. Ese alguien era la funcionaria Marta Renedo. Se comenzaba así a desenmarañar un ovillo que destapó la mayor trama de corrupción detectada en la administración regional.

El juicio llegó tras un largo periplo judicial, que se inició en un juzgado gijonés -donde reside la ciudadana que interpuso la denuncia- hasta que la Audiencia Provincial determinó que debía trasladarse a un juzgado de Oviedo, desde donde operaba la trama ilegal. El juez Sorando Pinilla cerró el caso el 18 de noviembre de 2013.

Para el inicio de la vista oral hubo que esperar aún otros tres años. Fue el 4 de abril de 2016 en la Audiencia Provincial. Cuatro meses, más de 180 testigos y petición de penas de cárcel que llegaban a los 57 años. El 1 de septiembre de 2017 llegaba la primera sentencia, que repartía 40 años de cárcel entre los principales acusados: seis años de prisión para Iglesias Riopedre; María Jesús Otero era condenada a nueve años y medio; Marta Renedo, a nueve años de cárcel, mientras que para Muñiz y Sánchez, los dueños de Igrafo y APSA, fueron seis años y medio de cárcel cada uno.

Llegaron así los recursos ante el Supremo, que volvieron a demorar en otros dos años una sentencia que fuera firme. Ahora lo es, si bien varios de los procesados ya han anunciado a través de sus abogados que acudirán al Tribunal Constitucional para velar por sus intereses.

Lo más inmediato tras conocerse el fallo del Alto Tribunal será la ejecución de la sentencia, que corre a cargo del tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias y que determinará cuándo ingresan en prisión los condenados. Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo ya cumplieron prisión preventiva los meses posteriores a su arresto. Quedaron en libertad provisional tras depositar las respectivas fianzas. Ahora podrían tener que regresar a la cárcel, a lo que se sumaría el internamiento de los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín. Un largo periplo judicial que aún no ha puesto su punto final.