'Caso Renedo' | Riopedre afirma no poder abonar la multa y exige recuperar la fianza de sus amigos

Tras el ingreso en prisión de los cinco principales condenados del 'caso Renedo', avanza la discusión económica en este caso de corrupción. El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre por ejemplo, tiene por saldar una pena de privación de libertad de cinco años y dos meses de prisión, algo que sin beneficios penitenciarios ni reclasificaciones al tercer grado se prolongaría hasta octubre del 2024. A ello sin embargo suma una multa judicial de 400.000 euros.

Su abogada, Anabel Prieto Torices, acaba de informar a la Audiencia Provincial que su cliente «carece de todo tipo de recursos económicos y de bienes que le permitan hacer frente a la citada pena de multa». En otro escrito recuerda que Iglesias Riopedre no ha sido condenado a devolver dinero alguno al Principado, por lo que esa multa constituye su única sanción económica. Hecha la aclaración, la letrada solicita que se devuelvan los 100.000 euros que los amigos de Iglesias Riopedre recolectaron y depositaron como fianza para sacarlo de prisión provisional, en marzo de 2011.

La precaria situación económica del exconsejero ha sido recordada durante el procedimiento, al punto de que sus representantes llegaron a decir en los juzgados que cuando se le arrestó apenas tenía 3.000 euros en sus cuentas. El propio Iglesias Riopedre adujo que para conseguir algún dinero se había visto obligado a alquilar una habitación a estudiantes.

Otra que ve cambios en su situación es Marta Renedo. La funcionaria cuyos manejos llevaron a la policía hasta el resto de implicados fue destituida en febrero de 2011 como jefa de servicio. El expediente para expulsarla del Principado sin embargo quedó en suspenso porque la Ley obliga a parar todo asunto administrativo cuando hay en curso una causa penal. La norma también obligaba a la administración regional a abonar una parte del salario base a la funcionaria dado que seguía teniendo condición de tal. Ahora, con una condena en firme en contra, el Principado vuelve a actuar. La sentencia inhabilita a Renedo para desempeñar empleo o cargo público durante diez años, por lo que la administración acaba de decretar la pérdida de condición de funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones durante dicho periodo.