'Caso Renedo' | Renedo cobra desde 2010 nóminas del Principado que ahora deberá devolver

Marta Renedo Avilés sigue siendo funcionaria del Principado de Asturias y por eso la administración le paga una parte de su salario desde 2010. El 17 de febrero de aquel año su entonces consejera, Ana Rosa Migoya, la destituyó. Tenía pruebas que apuntaban que la jefa de servicio se apropiaba de fondos públicos, por lo que ordenó iniciar un expediente disciplinario para echarla de la función pública y denunciarla ante la Policía. Con el tiempo, estas dos últimas gestiones se revelaron contradictorias. Cuando un juzgado penal empieza a investigar un caso, la administración debe suspender el expediente que tuviera sobre el tema y esperar.

El Principado frenó la expulsión y se vio obligado a aplicar una legislación garantista según la cual, como todo era una situación provisional y nada se había acreditado en una sentencia definitiva, tocaba respetar parte de la nómina. La Administración regional confirmaba hace unos meses que «percibe tan solo el porcentaje de las retribuciones básicas fijado legalmente, hasta que haya sentencia definitiva». Especialistas en Derecho Administrativo estiman la paga en unos mil euros al mes.

Se da la circunstancia de que en este tiempo Renedo trabajó como abogada, para generar ahorros con los que enfrentarse ahora a las multas e indemnizaciones que debe afrontar. El Principado aprovechó la noticia en 2014 para plantarle un expediente de incompatibilidad, suspendiéndola de funciones dos meses por falta grave. La funcionaria recurrió y el juzgado le dio la razón, anulando la medida.

La sentencia definitiva del 'caso Renedo', dictada por el Tribunal Supremo el 12 de septiembre, decreta la inhabilitación de la condición de funcionaria de la mujer, durante un tiempo de diez años. Según ha calculado la Audiencia Provincial, esta parte de la pena se dará por cumplida el 8 de septiembre de 2029. Para entonces tendría 64 años y, formalmente, derecho a recuperar el empleo público. El Principado, no obstante, tiene ahora la vía penal despejada para retomar sus expedientes sancionadores de expulsión de la función pública y reclamar la devolución de las nóminas pagadas desde su destitución.

Por otra parte la Audiencia Provincial hizo suyo ayer el criterio de la Fiscalía y denegó la excarcelación a José Luis Iglesias Riopedre, también en prisión por este caso. La letrada del exconsejero reclamó su salida a tenor de un artículo del Código Penal que prevé esta medida a quien sufra una «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

Tras revisar su expediente médico, la Sección Tercera concluye que el hombre está estabilizado de sus dolencias coronarias y las medicinas que precisa se le pueden suministrar en el centro penitenciario.