'Caso Renedo' | La Audiencia pide con «urgencia» al fiscal que aclare si hay que excarcelar a Riopedre

Cinco personas entraron en prisión por delitos de corrupción este lunes, lo que supone una pequeña alteración en el sistema. Según los registros de Instituciones Penitenciarias, el 1 de julio apenas se contaban 113 reos en todo el país por ese tipo de ilegalidades. Son quizás los que más fotos se llevan, pese a representar apenas un 0,19% de toda la población reclusa. Los principales condenados del 'caso Renedo' amanecen así hoy en unos presidios donde se saben con un perfil minoritario.

Ahondando en esa diferencia sus abogados siguen peleando para que recuperen la libertad. José Luis Iglesias Riopedre por ejemplo. Tiene 79 años y ocho dolencias diagnosticadas, entre las que se cuentan su conocida diabetes y cardiopatía isquémica. Debe tomar diez pastillas diferentes. Condenado a cinco años y dos meses, nada más llegar a la cárcel de Asturias, a las 22.13 horas del lunes, fue reconocido por un facultativo y derivado al módulo de enfermería. Anda en un ala donde se reúnen a los presos de edad más avanzada, para tenerlos más cerca de los equipos médicos. Se le puso a otro preso de confianza en la celda y para pasear tiene cerca un huerto que los internos intentan sacar adelante. Conoce cómo funciona el centro. En 2011 ya pasó 42 días en prisión preventiva, si bien lo hizo en el módulo libre de drogas, sin apenas salir de la celda ni interesarse en las dinámicas del centro.

La Audiencia Provincial dio por recibidos ayer los dos informes médicos presentados por su letrada, Anabel Prieto, y la solicitud para aplicar una suspensión de la condena en base al artículo 80.4 del Código Penal. El precepto permite la salida a quienes presenten «padecimientos incurables». Prieto reconoce que la edad no exime de cumplir la sentencia, pero aduce que el cliente no está ni física ni psicológicamente en condiciones de adaptarse a la vida carcelaria.

Antes de tomar una decisión de ese calibre, los magistrados dieron ayer traslado de la cuestión al Ministerio Fiscal para que «de manera urgente» se posicione. No es la primera vez. También cuando a Iglesias Riopedre se le mandó a prisión preventiva su entonces abogado, Sergio Herrero, esgrimió su precario estado de salud. La representante del Ministerio Fiscal entonces, María Luisa García, opuso que los ciudadanos tenían derecho a «ver cómo la Justicia actúa con el mismo rigor aquí que con un drogadicto». Pidió y consiguió prolongar la estancia entre rejas apelando a que su enfermedad «no es de ahora, la tiene desde hace años, y eso no le impidió cometer los delitos que se le imputan». Han pasado, entre otras cosas, nueve años y medio de aquello.

Quien también pelea por la libertad de su cliente es Javier Díaz Dapena. Representa al dueño de la desaparecida Almacenes Pumarín S. A. (APSA), que es de los cinco, el que menos condena se ha llevado en el pleito principal, dos años y ocho meses. Como el exconsejero, también ha pedido el indulto del Gobierno de la nación, clemencia que sería inusitado prosperase. La fundación Civio tiene un seguimiento de todos los indultos dados desde 1996 y nunca lo hubo en Asturias por cohecho. El último perdón dado a este ilícito en todo el país es de 2011. Pese a ello, el letrado vuelve a pedir la suspensión de la pena a la espera de tener respuesta al indulto, y un fraccionamiento de la multa de su cliente, que es de 1,9 millones con la particularidad de que por cada 10.000 que no pague se le suma un día de cárcel.

Se mueven las defensas, pero también las acusaciones. Alberto Suárez, el representante de Podemos, presentó ayer una alegación que, de ser atendida, obligaría a ingresar en prisión a otros dos empresarios condenados por esta trama pero que tenían penas menores. Se trata de Maximino Fernández, a quien se impuso un año de prisión, y Antonio Azorín, que tiene ocho meses.

El letrado recuerda que el Código Penal permite a los magistrados suspender la cárcel a quien tiene condenas de menos de dos años siempre que carezcan de antecedentes y hayan pagado las penalidades que correspondan. Fernández acaba de depositar los 1.800 euros que se le requerían y pedir que, en consonancia, se le libre de la cárcel.

El abogado de Podemos se opone, recordando que la norma dice que bajo esas condiciones los magistrados «podrán» suspender la entrada en prisión, pero también mantenerla. Para optar por esta vía solicita se apliquen los mismos argumentos que la Audiencia Provincial de Málaga esgrimió para encarcelar a Isabel Pantoja, tonadillera a la que se castigó con dos años de privación de libertad y el pago de 1,1 millones.

Los magistrados malagueños razonaron que cumplir cárcel persigue la reinserción del delincuente pero también el «restablecimiento de la confianza de la comunidad vulnerada por el delito», esto es, se busca «también la prevención general». En este sentido, los ilícitos de corrupción «suponen uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática» por el daño económico y por «socavar, hasta casi disolver, los principios mismos en los que se asienta aquella». Por esto, sostiene la Audiencia, en estos casos «debe primar por encima de todo la función de prevención general», es decir, «intimidar a todos aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados a realizar» el mismo tipo de delitos.