Los condenados con las multas más pequeñas pagan ya para pasar página

Para evitar la prisión y dejar constancia de su buena voluntad, los empresarios Antonio Azorín y Maximino Fernández han agilizado el pago de las multas judiciales que la sentencia del 'caso Renedo' les imponía. El primero ya abonó los 1.800 euros que se le requerían. El segundo está a punto de hacer lo propio con los 2.250 euros que le corresponden y se ofrece además a hacer trabajos sociales si fuera necesario.

Con esos poco más de 4.050 euros empieza a materializarse la parte económica de la condena, una fase que amenaza con desproveer a los reos de todo o gran parte de su patrimonio. Cabe recordar que en el proceso principal a Alfonso Carlos Sánchez, Víctor Manuel Muñiz, Marta Renedo y José Luis Iglesias Riopedre se les impuso multas judiciales que suman 4,28 millones. Tienen hasta la semana que viene para pagarlas so pena de que la Audiencia inicie el embargo de sus bienes. A ese castigo hay que añadir los 3,4 millones que se les pide a Sánchez y Muñiz en las sentencias que tienen por delitos fiscales; el primero la tiene reconocida, el segundo recurrida en apelación. Por su parte el Tribunal de Cuentas se encuentra investigando los bienes de Marta Renedo para hacer efectiva la condena que le puso a devolver 1,5 millones.

Las sentencias en firme o en recurso imponen así a los cinco protagonistas del 'caso Renedo' pagos que llegan a los 9,18 millones, pero la factura está pendiente de cerrar. La Audiencia Provincial ha reclamado al Principado que concrete cuánto cree que deben devolverle Renedo, Sánchez, Muñiz y María Jesús Otero. Su petición debe ceñirse a los hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo, lo que opone no pocos problemas en lo tocante a los manejos de la Consejería de Educación.

El mayor indicio era un informe hecho por la administración que sugiere el pago de cuatro millones por muebles no entregados en 2009 y 2010. Como la pesquisa se presentó tarde, no fue incorporado al pleito principal.

La segunda opción era un informe encargado por el magistrado-juez Ángel Sorando, que mandó a la policía a seis colegios para chequear si estaban los muebles que la consejería había pagado para ellos. También fueron a otro centro que se creía equipado por Cultura. El resultado apuntaba a un fraude de 1,5 millones. La validez de este documento quedó anulada debido a que las acusaciones no hicieron declarar en el juicio a los directores de los centros, que eran los testigos directos del supuesto desfalco.

La tercera vía estaría en el elevado número de atenciones que las empresas de Muñiz y Sánchez dieron a Otero. El problema es que la sentencia aprecia que «no concurre prueba sólida ni consistente que permita concluir que todo el importe de las dádivas proceda del dinero» de los contratos adjudicados a los empresarios y no realizados.