El Montepío, usado para lavar dinero

Así, si la investigación atendió a la obra de Felechosa como el detonante de un presunto delito de blanqueo de capitales, el foco ha ido ampliándose hasta situar al propio Montepío como el eje central de una serie de delitos cuyas raíces se hunden en la propia estructura de la mutualidad. Atendiendo al papel de Postigo, que ejerció como presidente entre 2006 y 2014, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, adelantado por este periódico el pasado jueves, señala que hay indicios suficientes como para pensar que su fortuna oculta «podría proceder de la gestión directa del Montepío y de la construcción de la residencia de Felechosa», al igual que con José Ángel Fernández Villa. Entre ambos trataron de regularizar en 2012 algo más de 1,6 millones de euros de procedencia incierta.

Entre los nueve delitos que pudieron cometerse durante el proceso de construcción del geriátrico, así como antes y después del inicio de las obras, el que más centra la atención de los investigadores es blanqueo de capitales. De hecho, en las conclusiones del citado informe, la Guardia Civil sostiene que «se muestra la existencia de un presunto ilícito de blanqueo de capitales el cual tendría origen, especialmente, en los hechos que rodearon a la ejecución del proyecto de la residencia para mayores de Felechosa, en el que se habrían llegado a pagar comisiones ilícitas por parte de determinados proveedores y también en la gestión fraudulenta del Montepío y del grupo de mercantiles que explotaban los complejos residenciales propiedad de la entidad mutualista».

Precisamente las residencias vacacionales del Montepío, situadas en Roquetas de Mar (Almería) y Los Alcázares (Murcia), han resultado ser piezas fundamentales de estos presuntos delitos de blanqueo. En el caso del complejo murciano, la Guardia Civil señala que, a través de los contratos de limpieza, tanto Postigo como Dorina Bicher «podrían haberse apropiado de 202.613 euros de las arcas de la entidad mutualista, de manera fraudulenta, gracias a un sobrecoste injustificado en los servicios de limpieza de la mercantil».

Los investigadores van más allá y cifran en casi 370.000 euros el montante que Postigo habría «desviado» desde las arcas del Montepío entre 2003 y 2014. «Habría tenido la oportunidad de colocar a gente de su máxima confianza en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura corporativa del Montepío, así como en los órganos de gerencia del complejo residencial que la entidad posee en Murcia», explica el informe.

La actual dirección de la mutualidad, personada como acusación particular en el 'caso Hulla', ya se mostró partidaria de alargar el período de las pesquisas para concretar hasta qué punto y hasta qué cantidades se alarga el desfalco. En este sentido, pide que las investigaciones se remonten a 1989 para comprobar la gestión de los presidentes que precedieron a Postigo: Ricardo López Estébanez y Alfredo Álvarez Espina.

Según unas cartas manuscritas incautadas por la UCO e incluidas en la investigación, Postigo habría forzado a Estébanez a dimitir en 2002 chantajeándole con el conocimiento de presuntas actividades delictivas durante su mandato. Según estos manuscritos, Postigo habría situado como presidente de la mutualidad a Espina, siempre bajo su supervisión. Desde el Montepío se sospecha que los delitos pueden, por tanto, remontarse mucho más atrás de la 'era Postigo'.