'Caso Villa': «Nos arreglamos como podemos con la pensión de jubilación»

José Ángel Fernández Villa y su esposa, María Jesús Iglesias, permanecen en su ático del barrio ovetense de La Florida alejados de los focos mediáticos mientras siguen conociéndose detalles de la instrucción del 'caso Hulla'. Una trama de corrupción relacionada con la subvención, concesión y obra de la residencia de mayores de Felechosa que suma ya varias decenas de imputados. El ex secretario general del SOMA encabeza esta lista junto a su amigo José Antonio Postigo, quien fuera presidente del Montepío de la Minería y, como el grueso de los investigados, tiene bloqueadas las cuentas bancarias. Villa no puede tocar el millón de euros que tenía en su poder –junto a su esposa, también imputada en la trama– cuando comenzó la instrucción de este caso, repartido en varias cuentas y depósitos en diferentes entidades bancarias. Tampoco sus hijos pueden acceder a sus depósitos ya que, en el momento de aflorar su fortuna oculta, Villa la repartió en cuatro cuentas bancarias: una a su nombre, donde se ingresaron 500.000 euros; otra con María Jesús Iglesias como titular, con 400.000 euros y las otras dos cuentas, con 150.000 euros cada una, para sus dos hijos. Todos ellos están investigados y con sus cuentas bloqueadas.

«Nos arreglamos como podemos con la pensión de jubilación», explica María Jesús Iglesias a EL COMERCIO, después de que este diario hiciera público el escrito que su abogado, Ricardo Álvarez-Buylla, ha registrado recientemente en el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo para reclamar que se retiren las medidas cautelares que pesan sobre sus defendidos, la esposa de Villa y sus hijos, Rolando y Ángela Fernández. La letrada Ana García Boto se ocupa de la defensa del exsindicalista y también ha pedido en numerosos recursos y a diferentes estancias judiciales que se desbloqueen las cuentas de su cliente.

La pensión de jubilación del exsindicalista, de cerca de 2.500 euros, no ha quedado afectada por el bloqueo, por lo que tiene acceso a ella. De hecho, según otras fuentes, tampoco lo estaría la pensión de María Jesús Iglesias, jubilada como limpiadora en el hospital Monte Naranco, pero la familia querría poder acceder al resto de su patrimonio y bienes.

Sin embargo, hasta ahora los jueces siempre han rechazado esta petición al entender que existen «indicios de criminalidad» suficientes que relacionan el «inusual incremento patrimonial» experimentado por el exlíder sindical y su familia con un «presunto desvío de fondos públicos» obtenidos por el Montepío de la Minería para la construcción la residencia de mayores de Felechosa. En su caso, tal y como recoge el auto judicial, se trata además de numerosos inmuebles y de «saldos muy elevados» que no se corresponden con ninguna herencia familiar, en contra de lo declarado por Villa. Ahora es la familia la que pide acceder a las cuentas y la esposa del exsindicalista no oculta su malestar por esta situación. «Nos arreglamos como podemos», reitera Iglesias, que, aunque mide mucho sus declaraciones, no oculta su preocupación por el estado de salud de su marido. «Está mal, mal. Ya sabe cómo es esta enfermedad», se limita a decir, al tiempo que comenta que son habituales sus consultas médicas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) pero, por suerte, «hace tiempo» que no tiene ingresos hospitalarios a través de la Unidad de Urgencias como los registrados reiteradamente durante la celebración del juicio del 'caso Villa'.