El Ayuntamiento de Aller desoyó seis informes negativos sobre el geriátrico de Felechosa

En este aspecto resulta clave el papel del Ayuntamiento de Aller, encargado de gestionar estos trámites administrativos entre 2008 y 2009. Durante el proceso, según detalla el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se pudo incurrir en varias irregularidades. En esencia, se señala a la inacción municipal durante varias fases del proyecto, con hasta seis informes técnicos y jurídicos en contra del proceso.

La propuesta para poner en marcha el geriátrico en Felechosa, sin embargo, se remonta a un año antes, a 2007, cuando el propio Postigo se entrevistó con la concejala de Turismo del consistorio de la época, María Esther Martínez Lillo. En esa reunión le explica el proyecto, atractivo para revitalizar económicamente la zona, y pocos días después reitera su plan en sede consistorial. Postigo pide, según confirmó el entonces edil de Urbanismo, David Moreno Bobela, «la cesión gratuita de los terrenos y agilidad en la tramitación de los expedientes de licencias».

De esta forma, el Ayuntamiento tramitó la compra de la finca 'Las Pedrosas', que era propiedad del municipio de Mieres y unas semanas después, en noviembre de 2008, el consistorio allerano aprueba por unanimidad y de forma provisional la cesión gratuita de la parcela. Esto se hizo a pesar de los informes desfavorables de los servicios técnicos y jurídicos remitidos en torno a la operación. El motivo, que el Montepío «no cumplía la condición de ser una entidad de utilidad pública», tal y como establece la ley para cesiones gratuitas de este tipo. La mutualidad minera, en este caso, está articulada como una entidad aseguradora privada, eso sí, sin ánimo de lucro. El 22 de enero de 2009 se consumaría de manera definitiva esta cesión.

Apenas un mes después, Postigo registra una solicitud de obra mayor, la cual es rechazada por el informe del arquitecto técnico municipal ya que «dicha actividad no es compatible urbanísticamente con el PGO de Aller». En ese momento se estaba tramitando su modificación para dar encaje al proyecto: 'Las Pedrosas', en este sentido, contaba con una calificación de 'no urbanizable con interés agropecuario'. Esta aprobación no llegaría de forma definitiva hasta el 15 de enero de 2010. El 2 de mayo de 2009, siete meses antes, ya habían comenzado las obras.

Apenas cuatro días antes de este inicio de la actividad, y sin la licencia de obra mayor concedida, Postigo solicita una licencia de obra menor para la realización del estudio geotécnico y el movimiento de tierras. El técnico de la Administración General de la Secretaría del consistorio, en relación a esta petición, emite un nuevo informe negativo ya que se desconocían las obras relativas al movimiento de tierras en el proyecto técnico, el cual a su vez se ampararía en un PGO que todavía no había sido revisado.

Avanzando en el tiempo, tal y como detalla el informe de la UCO, el 10 de agosto se solicita la licencia pertinente para cimentar la obra. En el marco de este expediente, el jefe de la Oficina Técnica Municipal y el Técnico Accidental de la Secretaría del Ayuntamiento emiten sendos informes desfavorables ya que no constan las licencias correspondientes ni «el proyecto técnico expedido por un facultativo competente». Con esta situación, y con la obra ya iniciada meses atrás, el inspector de obras Antonio Fernández García emite un informe en septiembre avisando de que las obras ya habían empezado sin la licencia. En vista de ello, el arquitecto técnico municipal remite otro estudio a su vez al entonces alcalde, Gabriel Pérez Villalta, recordando que solo había licencia para el movimiento de tierras.

Estos seis informes, acumulados en apenas medio año, no sirvieron para que ninguna instancia municipal paralizara las obras. Máxime cuando el propio alcalde, según recoge la Guardia Civil en su investigación, visitó el 11 de junio los trabajos junto a Postigo. Así lo recoge el registro de control de acceso de personal a la construcción. No sería hasta febrero de 2011, con las instalaciones casi acabadas, cuando se inician los trámites para abrir expediente sancionador al Montepío por comenzar las obras sin la pertinente licencia. Se tipificaría como una infracción urbanística leve, que conllevó una sanción de 6.000 euros.