'Caso Renedo' | La Fiscalía se opone a sacar a Riopedre de la cárcel porque «no procede ni está justificado»

El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, de 79 años y en prisión por tres delitos desde la noche del lunes, no tiene a la fiscalía de su parte. La especialista en Derecho Penitenciario que lleva su defensa, Anabel Prieto, presentó en la Audiencia Provincial dos informes médicos, una copia del indulto que tiene tramitado, y una petición para sacarle de la cárcel por motivos de salud o, al menos, en tanto el Gobierno central resuelve si le concede o no el perdón. Antes de tomar una decisión los magistrados plantearon la cuestión al ministerio fiscal para que orientara con su criterio. Aunque la decisión final la tiene la sección tercera, las ocasiones en las que fiscal y magistrados mantienen posiciones distintas ante este tipo de cuestiones son las menos.

La Fiscalía ha aclarado que se opone a aplazar o suspender el internamiento en prisión. «No procede ni está justificado», indican desde el departamento. Mantiene así el criterio expresado en 2011, cuando Iglesias Riopedre fue por primera vez llevado a la cárcel asturiana, en calidad de preso preventivo, tras la redada que sacó a la luz pública la investigación del 'caso Renedo'.

Entonces su letrado también esgrimió el precario estado de salud del cliente. La representante de la Fiscalía en aquella vista, María Luisa García, contrapuso que la ciudadanía debía «ver cómo la Justicia actúa con el mismo rigor aquí que con un drogadicto». Y abundó en que las enfermedades que entonces presentaba «no le impidieron cometer los delitos que se le imputan». Lo cierto es que en los nueve años de caso el expediente de Iglesias Riopedre ha añadido seis problemas de salud más.

Además del exconsejero, la Audiencia dictó el lunes los ingresos en prisión de su ex directora general, María Jesús Otero; la exfuncionaria Marta Renedo, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Todos cumplen sus respectivas condenas de privación de libertad desde entonces. Salvo en el caso de Renedo, están además pendientes de otros pleitos paralelos que amenazan con alargar su tiempo entre rejas.

La acusación popular que ejerce Podemos por su parte intenta que dos personas más acaben en la cárcel. Se trata de los empresarios Maximino Fernández y Antonio Azorín, a los que se les impusieron condenas de un año y ocho meses respectivamente. El Código Penal prevé que cuando las sentencias quedan por debajo de los dos años y el procesado carezca de antecedentes penales se le pueda suspender la entrada en la cárcel. La formación morada solicita que la Audiencia no atienda a este precepto y lo hace basándose en la decisión que sus colegas de Málaga adoptaron con la tonadillera Isabel Pantoja.

La cantante fue condenada por blanqueo de capitales a dos años de privación de libertad y el pago de 1,14 millones. La Audiencia Provincial de Málaga decretó su entrada en la cárcel aseverando que los delitos de corrupción «suponen uno de los ataques más demoledores que puedan infringir a una sociedad democrática» y que en la gestión de estas condenas «debe primar por encima de todo la función de prevención general». Específicamente apostó por usar el ejemplo para «intimidar a todos aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados a realizar» las mismas prácticas.

«Es una petición folclórica», responde Alberto García Montes, abogado defensor de Azorín. «No existe ni una sola razón jurídica para denegar la suspensión; esto no tiene nada que ver con la Pantoja», abunda. Su cliente fue condenado a ocho meses por haber pasado tres facturas falsas para cobrarse unos trabajos, recuerda. «La falsedad en documento mercantil no es un cohecho, ni un fraude, ni exacciones ilegales; no pertenece a los delitos de corrupción», sostiene el letrado. García Montes alega, además, que la suspensión de penas cortas «no es un regalo al reo, es un instrumento que persigue su resocialización, algo que la doctrina demuestra que se pierde si se lo desarraiga de la sociedad».