Acudieron como otras tantas veces a una rueda de prensa convocada por el Gobierno del Principado y tomaron nota de las palabras del entonces presidente del ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Vigil, y su consejero de Industria, Víctor Zapico, sobre el complejo petroquímico en Carreño ... que, según sus palabras, estaba dispuesto a financiar el Saudí Internacional Bank (SIB). La inversión ascendía a 366.000 millones de las antiguas pesetas y la cifra, al contrario que a los responsables políticos, ya levantó sospechas en la redacción de EL COMERCIO. «Algo no cuadraba. El capital social era superior al del Banco Santander», recuerda Chema Fernández, redactor de esta cabecera ahora jubilado que formó parte del equipo de periodistas que destapó el fraude.
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Las dudas generadas hicieron al Ejecutivo regional convocar nuevamente a los medios de comunicación para aportar una copia del supuesto contrato pero, para entonces, en el periódico ya se había puesto la máquina a funcionar. «El primer día llamamos a la sede del banco saudí y nos contestaron: 'Es absolutamente falso'», rememora el periodista Marco Menéndez, también clave en aquella investigación. Comenzó así una rigurosa labor periodística que concluyó con la dimisión del presidente asturiano en plena campaña de las elecciones generales de 1993, al quedar demostrado que su equipo había sido engañado por el ciudadano francés Maurice Jean Lauze, que se presentó como representante del Saudi Internacional Bank (SIB) y que resultó ser un impostor. Aquel escándalo, que pasó a la historia como el caso del 'Petromocho', cumple ahora 25 años.
«Pecaron de ingenuos y de exceso de confianza. Pero lo más grave es que no hubo por parte del Gobierno del Principado ningún tipo de comprobación. Fue el ejercicio del periodismo el que cumplió la función de la Administración en el caso del 'Petromocho'», defiende Ángel M. González, hoy director adjunto de EL COMERCIO, quien completa la terna de profesionales que participaron en aquel trabajo de investigación de mayo de 1993. Ahora, 25 años después, coinciden en poner en valor la profesión y la función de control que ejercen los medios de comunicación sobre las instituciones públicas. Hasta el punto, como fue en este caso, de que un periódico regional asumió la responsabilidad de la Administración para «desenmascarar una mentira».
La labor no fue fácil. Recuerdan que en aquel momento solo localizar un teléfono extranjero requería su tiempo y que la única herramienta que tenían para intercambiar documentación era el fax. «Y no existía el doctor 'google'», apostilla Chema Fernández. Pese a las dificultades, EL COMERCIO tardó apenas unas horas en conversar telefónicamente con un responsable del banco saudí que les negó cualquier relación con aquel macroproyecto y, un día más tarde, tenían por escrito un documento suscrito por el más alto nivel de la entidad financiera que echaba por tierra el anuncio del Principado.
Los tres recuerdan el intento del Gobierno regional de frenar aquella información y la visita de Víctor Zapico en la redacción del diario, recomendándoles que dejaran pasar aquellas averiguaciones porque, les dijo, «os vais a columpiar». Quizá en aquel momento el presidente del Gobierno y su consejero aún confiaban en las palabras del francés -«que resultó un pillo, había incluso participado en Francia en una robo de papel para la fabricación de billetes», anota Fernández-, pero sería cuestión de días que se dieran cuenta del fraude.
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La labor periodística fue clave. Tras conseguir a través de una persona vinculada a la operación las copias del dossier que obraba en poder del Principado sobre el acuerdo alcanzado con el supuesto intermediario galo, EL COMERCIO desmontó documento a documento su veracidad. «Parecía una historia de Mortadelo y Filemón. Al poder notarial internacional le faltaban sellos fundamentales para que fuera válido, como la apostilla de La Haya, y en otros documentos había sellos falsos o en desuso», relata Menéndez, quien recuerda cómo el Principado había dado por bueno un presunto sello de la embajada de Arabia Saudí «con dos palmeras y un camello». «Cuando enviamos el documento a la embajada para que nos confirmaran su autenticidad prácticamente se echaron a reír», confiesa.
Había transcurrido una semana de la convocatoria de prensa en la que el Principado había anunciado la millonaria inversión cuando, de madrugada, Juan Luis Rodríguez-Vigil presentaba su dimisión. «Fue la única salida que le quedaba. El Gobierno había hecho el ridículo», sentencia González que, como sus compañeros, no pone en duda la honradez de los representantes políticos. «Fueron unos ingenuos y tragaron con todo. En parte por lo cerrado del círculo que era conocedor del proyecto», opina Menéndez.
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La dimisión de Rodríguez-Vigil fue la consecuencia inminente del caso del 'Petromocho', pero ni mucho menos la única. Con Antonio Trevín al frente, quien asumió las riendas del Gobierno socialista tras aquel escándalo, se vivió un cambio en la política de captación de inversiones que, hasta entonces, siguiendo la estela que había marcado Pedro de Silva, se centraba prácticamente en la búsqueda de empresas internacionales. «A raíz del 'Petromocho' el Gobierno autonómico se volcó más en promocionar a las pymes», señala Ángel M. González.
Pero no solo eso. El PSOE pagó la factura en las urnas y en las elecciones autonómicas celebradas dos años más tarde, en 1995, perdió frente al PP liderado por Sergio Marqués tras trece años de hegemonía socialista. Los populares se hicieron con el Gobierno por primera vez en la historia democrática de Asturias. «El 'Petromocho' puso en evidencia la falta de control que había en la administración autonómica y la nula comunicación entre los miembros del Gobierno», reflexiona González, quien entiende que con una «mínima vigilancia» por parte de la consejería se hubiera evitado este escándalo político. «Fue un diario regional quien destapó el engaño demostrando, una vez más, la importancia del ejercicio periodístico», concluye el director adjunto.
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