Los juristas creen que Álvaro Álvarez puede haber incurrido en un delito de tráfico de influencias

En concreto, todos coinciden en hacer referencia al artículo 430. Este es el que se refiere a un particular que se ofrece a influir en un funcionario a cambio de unas dádivas. Según explica el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, «no es tanto que lo haga, sino el simple hecho de que presente su oferta para hacerlo».

En este caso, la pena sería de seis meses a un año, además de una multa, aunque vendría determinada por si únicamente quedó en un ofrecimiento o se llegó a influir. Respecto a la cantidad que se exige como contraprestación económica, Teruelo señala que en los casos de tráfico de influencias (artículo 430) «no está prevista, lo que no quiere decir que no sea tenida en cuenta».

Respecto a las pruebas a aportar en este tipo de casos, el abogado Ángel Luis Bernal subraya que «en general, la declaración testifical puede ser una prueba de cargo suficiente; no obstante, debe de reunir las condiciones objetivas y subjetivas necesarias de credibilidad, además del contexto y los datos que permitan refrendar el testimonio». Los diferentes expertos coinciden en que la fase del proceso influye. Por ejemplo, en un caso como este, recién abiertas las diligencias por la Fiscalía, sería distinto a la fase de instrucción iniciada en el Juzgado. En el caso de la Fiscalía, las pruebas no son a nivel probatorio sino indiciario, con lo que el grado de comprobación de los hechos es distinto.

Aunque fue la Mesa de Contratación la que presentó la demanda contra Álvaro Álvarez, tras ser informada por las empresas Lezama Demoliciones y Construcciones Los Álamos, el abogado Javier Díaz Dapena, recuerda que «las empresas podrían haber presentado ellas mismas una querella ante el juzgado». También añade otra opción, «si una empresa va por detrás en el concurso, puede pedir que se paralice mientras se decida si hay comisión delictiva y el proceso está contaminado».