Un ex alto cargo del Principado, denunciado al fiscal por «ofrecerse para influir» en una adjudicación

Los hechos se produjeron el 31 de diciembre de 2020. La empresa Lezama Demoliciones sostiene que ese día mantuvo una breve reunión con una persona –que se identificó como Álvaro–, la cual les había citado «con la excusa de hablar de unas baterías». Durante el encuentro, añade, se ofreció a ayudar en la adjudicación del contrato a cambio de una comisión. La otra empresa de la UTE, constructora Los Álamos, suscribió también dicha versión.

Rechazado por las empresas

Una investigación interna desarrollada por el Parque Empresarial del Principado Asturias, tras la denuncia de las empresas, concretó que la persona que se había reunido con Lezama Demoliciones podría tratarse de Álvaro Álvarez, quien en su día fue viceconsejero de Administraciones Públicas en el Gobierno del Principado durante la pasada legislatura. Estas mismas pesquisas llevaron a concluir que Álvarez no había tenido relación alguna con las personas directamente responsables de la tramitación del expediente de contratación.

Toda investigación desarrollada hasta el momento deja claro que tanto Lezama Demoliciones como Constructora Los Álamos rechazaron el ofrecimiento, poniéndolo en conocimiento de los responsables del PEPA, lo que desencadenó unas actuaciones que ahora han terminado sobre la mesa del fiscal. En estas comprobaciones se concluyó que no se habían producido injerencias en la tramitación del expediente. No obstante, dada la gravedad del relato de las empresas, la Mesa de Contratación optó esta misma semana por remitir un escrito a la Fiscalía en el que relata lo ocurrido y que acompaña de su propia investigación interna.

15,6 millones

La licitación en cuestión alcanza un importe de 15,6 millones para el desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de cok en Avilés. Una primera parte sería la redacción del proyecto, cuyo plazo máximo es de 18 meses; a continuación la ejecución de la obra en dos fases: una primera para evitar deterioros medioambientales y para la salud derivados del estado de parada de la instalación; y la segunda consistente en la demolición y el desarrollo urbanístico, que aumentará la dotación de suelo industrial en más de 240.000 metros cuadrados. Las tres empresas que están compitiendo por la adjudicación de este contrato son Eiffage Infraestructuras –el tercer grupo constructor francés –, la unión temporal de empresas (UTE) que forman la vizcaína Lezama Demoliciones y la asturiana Constructora Los Álamos y, por último, Construcciones Erriberri, empresa navarra que lidera el mercado nacional de las demoliciones y que, entre otras, se ha encargado de la demolición del estadio Vicente Calderón de Madrid.

Por su parte, el ex viceconsejero Álvaro Álvarez, a preguntas de este periódico, afirmó desconocer por completo este asunto, por lo que rechazó realizar ninguna declaración.