El PSOE suspende de militancia al exsecretario general de Avilés tras la denuncia al fiscal de que pedía una comisión

El propio Álvaro Álvarez ha remitido un comunicado a raíz de la dicha publicación en la que niega «que me ofreciera para influir ni intermediar en favorecer sus intereses en el concurso». «Ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación», añade Álvarez. Los hechos, según consta en el escrito remitido a la Fiscalía, se produjeron el 31 de diciembre de 2020. La empresa Lezama Demoliciones sostiene que ese día mantuvo una breve reunión con una persona –que se identificó como Álvaro–, la cual les había citado «con la excusa de hablar de unas baterías». Durante el encuentro, añade, se ofreció a ayudar en la adjudicación del contrato a cambio de una comisión. La otra empresa de la UTE, constructora Los Álamos, suscribió también dicha versión. Sobre este punto, el exsecretario general del PSOE de Avilés confirma la celebración de dicho encuentro pero especifica que se produjo tanto con representantes de Lezama Demoliciones como con una empresa del sector local. Además, recalca que fue «a iniciativa de esta última como contratista habitual de Lezama en Asturias». Según Álvaro Álvarez, esta cita tuvo lugar «debido al interés del primero en conocerme y de ambas en conocer mi opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que PEPA dearrolla en los terrenos de las antiguas baterías, dado su caracter de empresas vinculadas a Asturias».

Según la información a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, la investigación desarrollada hasta el momento deja claro que tanto Lezama Demoliciones como Constructora Los Álamos rechazaron cualquier ofrecimiento, poniéndolo en conocimiento de los responsables del PEPA, lo que desencadenó unas actuaciones que ahora han terminado sobre la mesa del fiscal. Por su parte, el exviceconsejero Álvaro Álvarez señala que «resulta nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado».

El actual secretario general del PSOE de Avilés, Luis Fernández Huerga, ha expresado su deseo de que este proceso «se aclare cuanto antes y quede despejada cualquier duda sobre su supuesta participación».

Álvaro Álvarez trasladó este domingo a los medios de comunicación un comunicado tras la información adelantada por este periódico:

1. El 31 de diciembre mantuve un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector -a iniciativa de ésta última como contratista habitual de Lezama en Asturias- debido al interés del primero en conocerme y de ambas en conocer mi opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que SEPIDES desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías, dado su carácter de empresas vinculadas a Asturias ya que la UTE Lezama-Los Álamos era la única de las aspirantes a este contrato que contaba con una empresa vinculada a la región y la empresa local gestionaria el hierro y chatarra de la demolición.

2. En aquel momento, SEPIDES ya había hecho público que 3 de las empresas que presentaron sus propuestas al concurso estaban admitidas y en este encuentro del día 31 la propia Lezama reconoció que estaban muy bien posicionados y tenían muchas posibilidades de ganar el concurso. Lo cual hace todavía más incomprensible el supuesto intento de intermediación que falsamente se me atribuye.

3. Es falso que yo me ofreciera para influir ni intermediar en favorecer sus intereses en el concurso. De hecho, y según la información publicada, el propio escrito que la mesa de contratación envía a la Fiscalía confirma que no se produjo en todo el proceso ningún tipo de injerencia por mi parte. En decir, ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación.

4. Resulta muy poco sólido y nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado. En este momento me encuentro jubilado y no ejerzo ningún papel ni representación institucional, y estoy fuera de cualquier ámbito de decisión, tras una conocida e intachable trayectoria como representante público.

5. Estoy a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier supuesto y contribuir a que se resuelva este proceso cuanto antes.