El Principado avisa: «No vamos a permitir acciones violentas» en la huelga de transportes

El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana «el tan esperado» proyecto de Ley de Calidad Ambiental, pero la crisis de Ucrania y sus efectos económicos se llevaron el protagonismo de la comparecencia que la portavoz, Melania Álvarez, y el vicepresidente, Juan Cofiño, realizaron después para explicar los acuerdos adoptados. Ambos evitar prejuzgar la huelga de los transportistas, pero no dudaron en condenar «algunas acciones violentas que se están produciendo».

Cofiño no se anduvo con paños calientes: «El paro de los transportistas es un palo y nos preocupa. Pero lamentamos las acciones violentas y no las vamos a permitir». Con esa idea, «reforzaremos la protección de los bienes básicos», anunció el vicepresidente del Principado. Mientras, Melania Álvarez instaba a la «prudencia y la responsabilidad» de los sectores afectados por el incremento desorbitado del precio de la energía para que «los perjuicios que causen no sean mayores de los que pretenden evitar».

La portavoz del Gobierno autonómico también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los asturianos, asegurando que «el abastecimiento de los productos básicos de uso diario están garantizado», aunque en las estanterías de los supermercados ya empieza a faltar aceite, harina o arroz. El Principado aboga por «atacar cuanto antes» la situación inflacionista que mantiene a varios sectores económicos en pie de guerra, aunque se muestra comprensivo con el hecho de que el Gobierno estatal posponga al 29 de marzo la aplicación de medidas.

«El presidente del Gobierno está empleándose a fondo para resolver esta crisis que tiene mucho o todo que ver con la agresión rusa a Ucrania», defendió Juan Cofiño, al tiempo que anunciaba un paquete de medidas por parte del Principado para «complementar las que vengan de Madrid y de la Unión Europea».

No quiso adelantar cuáles serán esas medidas complementarias, porque «las consejería están viendo todavía qué aportaciones pueden hacer» a esa batería de actuaciones autonómicas. «Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para afrontar un reto de esta magnitud, pero el Principado contribuirá dentro de sus modestas posibilidades poniendo el foco en los colectivos vulnerables», expuso el vicepresidente del Gobierno regional.

En cuanto a la Ley de Calidad Ambiental, que tras recibir 190 alegaciones ya está en disposición de ser remitida a la Junta General del Principado, son tres las cuestiones que se destacaban esta mañana. Por un lado, se mantiene la figura de la 'autorización integrada ordinaria' para la industria más contaminante, trámite que afecta a 90 grandes instalaciones empresariales de la región. Por otro, se ha creado la 'autorización integrada simplificada', que evitará a las empresas una procesión burocrática por las distintas administraciones. Y, por último, la nueva legislación «alumbra» la supresión de la licencia ambiental en el caso de aquellas actividades de impacto leve o moderado.

En este último caso, se podrá iniciar la actividad en cuestión sin autorización administrativa previa, con solo presentar una declaración responsable. Para dar una idea de alcance de este cambio legislativo, Cofiño explicó que el Principado viene gestionando al año unas 500 autorizaciones ambientales. «Se trata de hacer posible la preservación del medioambiente sin coartar el desarrollo económico».

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