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GIJÓN / MADRID.
Viernes, 18 de marzo 2022, 00:50
El grito de las patronales de diferentes sectores, nacionales y regionales, y de la propia Federación Asturiana de Empresarios (Fade) es unánime: es necesario proteger los transportes de aquellos camioneros que deseen trabajar. La respuesta a la petición llegó ayer desde el Gobierno central: ... el Ministerio del Interior ha movilizado a 16.476 guardias civiles y 7.122 policías nacionales en España para evitar «conductas violentas» de los piquetes, que ayer se colocaron en puntos estratégicos como la entrada a los mercados y puertos para interrumpir el paso de los transportistas. En total, 23.598 agentes que representan la octava parte de la plantilla de ambos cuerpos.
La jornada dejó en la región los dos primeros detenidos integrados en piquetes por actividades presuntamente delictivas. Se trata de dos personas que fueron sorprendidas de madrugada lanzando «objetos punzantes» a camiones en la A-66 a la altura de Pola de Lena y a las que se acusa de un supuesto delito grave contra la seguridad vial. Ambos quedaron en libertad. Además, se identificó a 69 personas que participaban en piquetes. Uno de los más numerosos fue el que se organizó a las puertas de CAPSA, en el que participaron 25 simpatizantes de la protesta y que fue disuelto por la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Este mismo cuerpo se incautó de 45 neumáticos y una garrafa de gasolina en Lena, en un paso subterráneo de la A-66. Además, se registraron daños a un vehículo en Mieres por lanzamiento de piedras cuando circulaba por esta misma vía. La Guardia Civil informó también de la presencia de siete piquetes violentos, que no pudieron ser detenidos. En el polígono de Silvota se produjo una protesta de los integrantes de la entidad Asturias Ganadera, que decidieron apoyar las reivindicaciones de los transportistas y se trasladaron a este punto con sus tractores.
El tono que están alcanzando las protestas, con denuncias de ataques a vehículos y de «coacciones» a los profesionales que quieren trabajar, ha elevado también el número de quejas entre los sectores empresariales. «El vandalismo en el transporte está asfixiando a las empresas asturianas», clama Fade. Su presidenta, María Calvo, se dirigió a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para que se pongan «todos los medios» que permitan garantizar «los suministros esenciales». María Calvo advierte de que en caso de que la situación persista, «en breve comenzarán a producirse cierres y regulaciones de empleo».
La Federación de Empresarios del Metal (Femetal) también puso el foco en la delegada del Gobierno, a la que piden que, «a través de todos los medios a su alcance, se establezcan las medidas para garantizar la actividad industrial». La patronal del metal dice entender la situación de los transportistas, pero «nunca» defenderán «el uso de la violencia y la exposición a riesgos intolerables de las personas».
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa patronales de la automoción, el papel, la química y la siderurgia, entre otros, reclama al Gobierno las mismas medidas ante el riesgo de «paralización de la industria y de la distribución de productos esenciales».
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