Las patronales exigen revisar el sistema de rebajas en el Huerna tras saber que queda dinero sin usar

Según publicitó Transportes, con estos cambios el ministerio «ha calculado que deberá abonar más de 600 millones de euros a la concesionaria para compensar las bonificaciones hasta el 17 de octubre de 2050, cuando concluye el contrato». Concretamente los estudios internos que viene desvelando EL COMERCIO estiman que entre 2022 y 2050 el sistema le supondrá 606,8 millones.

Lo que omite el anuncio de Transportes es que existen sendos acuerdos de Consejos de Ministros de 2006 y 2007 que le autorizan a utilizar hasta 867,7 millones del Presupuesto General del Estado en dicho periodo para financiar descuentos. Es decir, el sistema vigente está organizado de manera que dejaría como poco 93,8 millones sin aprovechar en las bonificaciones para vehículos ligeros y otros 167 en las de pesados.

Esa verdad incómoda que hay tras las bonificaciones del Huerna está agitando el debate público en Asturias. Desde la FSA su vicesecretaria general, Adriana Lastra, se comprometió a trabajar «en coordinación con el Gobierno para que las bonificaciones sean lo más eficaces posible y, para eso, quizás sean necesarias modificaciones en las condiciones establecidas». Su socio en el Ejecutivo regional, IU-Convocatoria por Asturias, insta a «que de una vez se abra el melón de la supresión total del peaje», en palabras de Delia Campomanes. El resto de formaciones se debaten entre exigir mejoras o directamente el rescate de la autopista.

Las revelaciones de EL COMERCIO están soliviantando también a la clase empresarial. Las organizaciones patronales reclaman cambios en el sistema de bonificiaciones para aprovechar mejor los techos de gasto que dejó autorizados el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

«El objetivo de Asturias debe ser la supresión total del peaje», estableció María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). «Mientras esto no se logre se deben agotar todos los recursos para aminorar el impacto que este sobrecoste en nuestra movilidad tiene tanto para el tráfico de mercancías como para el movimiento de personas», argumentó.

«Desde Fade pedimos a las administraciones que destinen el máximo de los recursos disponibles a resolver las desventajas comparativas de nuestra región, y esto pasa por agotar las partidas presupuestadas», señaló. «Así, proponemos flexibilizar las condiciones, reduciendo el límite de viajes mensuales para poder aprovechar al máximo la partida presupuestaria», sugirió.

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines (Asetra), recuerda al respecto que «al final, las subidas de precio están comiéndose todas las bonificaciones. Pagamos ya 20,95 euros y se supone que es un precio rebajado». «Si tenían ese remanente, ese dinero sin utilizar, no se entiende que nos hayan metido una subida del 5% el 1 de enero. Bien podían haberla dejado en un 2%», plantea. «Tengo la sensación de que las bonificaciones se mejoraron en 2022 porque había un compromiso con el BNG para hacer lo propio en Galicia; sin eso seguiríamos igual. El Huerna refleja el peso político que tenemos», considera.

La realidad tras los descuentos «tiene que remover conciencias. Es una vergüenza», valora Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra. «Lo que tenían que hacer con ese dinero sobrante es incrementar la bonificación para que sea decente; haría falta que al menos llegara al 55 o 60% de la tarifa para el transporte pesado», calcula. «El tráfico de camiones no es tan elevado y no supondría un desembolso notable, pero eliminaría una desventaja que tenemos para competir con otros territorios», reclama.