Los inspectores llevaban seis meses sin visitar la mina de Cerredo, pese a que «suelen ir mensualmente»

La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, confirmó que la última inspección a la mina fue la del 20 de septiembre de 2024. Es decir, el día del accidente hacía seis meses que el personal del Principado no pasaba a verificar que la actividad cumplía los permisos. Díaz subrayó que «en los últimos dos años ha habido en esta mina hasta ocho inspecciones, y nunca se detecta actividad anormal, ni en este piso tercero se detecta extracción de mineral; Blue Solving no tiene ninguna actividad anormal detectada».

Ocho inspecciones en dos años suponen una visita cada dos o tres meses de media. Mineros consultados por este periódico apuntan que lo usual es tener una cada mes. En 2022, tras el anterior accidente mortal en la mina, el empresario leonés que se hizo con el lugar, Jesús Manuel Rodríguez, declaró a la Guardia Civil que los inspectores «suelen ir mensualmente». En efecto, un mes antes de ese accidente los inspectores revisaron el lugar sin detectar anomalía alguna.

Tras aquel siniestro se volvió a chequear la explotación con mayor detalle. El vehículo que usaban las víctimas no tenía la ITV porque presentaba 26 deficiencias, se habían infringido once normas relativas a la gestión del personal y se estaba extrayendo carbón sin permiso. En la Comisión de Seguridad Minera que analizó el suceso los sindicatos y empresas del sector criticaron que se dejara trabajar a «empresas falsas» que «actúan como quinquis». La respuesta del jefe de sección de Seguridad Minera fue que habría «un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera».

«La decisión de ir en un momento u otro a una mina es técnica, del actuario», destacan fuentes del sector.

El Principado tomó ayer la iniciativa, adoptando cuatro decisiones que permitirán dar más luz a la situación de la mina y los controles que pasaba. Una será encargar a la Inspección General de Servicios una auditoría de este Servicio de Minas responsable de las autorizaciones y las inspecciones. El objetivo es «chequear todas las actuaciones desarrolladas hasta el momento y, llegado el caso, tomar iniciativas para mejorarlo».

La Inspección tiene especialistas con rango de autoridad que evalúan la eficacia y recursos de los departamentos. Sus últimas pesquisas sobre áreas concretas desembocaron en los ceses de los responsables de la Orquesta Sinfónica y Laboral Centro de Arte.

Además, el Principado se personará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto. No lo hizo en 2022, por el anterior accidente, pero el contexto ahora es otro, tanto por la cantidad de muertos como por la especial preocupación que viene mostrando el Ejecutivo con los accidentes laborales.

La consejera reunió ayer a la Comisión de Seguridad Minera, donde tienen asiento el Principado, los sindicatos y empresarios del sector. Díaz creó una comisión especial de investigación del siniestro, fijando su primera sesión el 25 de abril. Hoy se entrevistará con SOMA-UGT y CCOO. Su cuarta medida fue escribir el miércoles a la Junta General para solicitar una comparecencia a petición propia. «Esta es la tragedia más dura que me ha tocado gestionar nunca», manifestó. «Vamos a poner todos los medios, todos los esfuerzos y todo lo que sea necesario para determinar lo que ocurrió», comprometió.

En esos seis meses sin inspecciones pasaron cosas que no motivaron visita a la mina.

De un lado está el mail que un ciudadano remitió al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) el 16 de octubre de 2023. En él denuncia que «se está explotando de nuevo el lugar», y muestra vídeos y fotos de una bocamina que da acceso a la planta tercera, restaurada y en uso. El SAC remite el correo a la dirección que tiene asociada al Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minero (mineria@asturias.org) y facilita al ciudadano el teléfono de ese departamento y un número de expediente para que siga el caso.

La consejera dijo ayer que mineria@asturias.org «es una cuenta genérica apoderada» y que sólo esta semana se accedió a ella, dando trámite al escrito de denuncia, año y medio después. Negó que hubiera negligencia alguna.

La explicación que dan fuentes próximas al expediente es que esa dirección se creó en la época de la covid y que una migración a una versión más evolucionada de Outlook la dejó inactiva. En efecto, el Boletín Oficial del Principado publicó entre noviembre de 2020 y mayo de 2023 catorce disposiciones dando esa dirección como referencia.

«Creemos que se trata de un error humano y no de un error informático», valora el Colegio de Ingenieros Informáticos del Principado. «Cada dirección general indica las cuentas que necesita y se las pasa a la Dirección General de Estrategia Digital, donde hay un responsable de su mantenimiento. Pero la gestión de la cuenta y comprobación de persona responsable es en cada dirección general», indican. «Una migración de Outlook a Outlook 365 mantiene las cuentas y correos. Si se decidió desactivar esa cuenta en ese momento se tenía que haber revisado su contenido por la persona responsable antes», amplían. «Que alguien desactivase esa dirección de correo sin revisar los avisos que había dentro es un error humano».

En 2022, cuando ocurre el accidente mortal y la multa por extraer carbón de forma ilegal, la empresa al frente de Cerredo es Combayl. Desde 2023 para recuperar la actividad asume esos activos Blue Solving. La primera tiene de administrador a la mujer de Jesús Manuel Rodríguez; la segunda, a su hijo.

Blue Solving logra el 8 de julio un permiso de investigación que le faculta a extraer de la planta primera durante dos años 60.000 toneladas de grafito y carbones activos. Se trata de someterlos a procesado para ver si se puede producir una materia prima que se usa en filtros y paneles fotovoltaicos.

El 12 de marzo llega a la consejería una denuncia de Promining, sociedad vinculada a Victorino Alonso, 'rey del carbón' enfrentado al clan de Rodríguez. Asegura que hay una actividad extractiva «encubierta» y que sacar mineral vulnera el plan de cierre, lo que obligaría a devolver las ayudas de la UE. Pide que se revoquen los permisos.

La consejería dio al escrito «el trámite habitual», esto es, mandarlo a Blue Solving para que alegue sus explicaciones. Juristas consultados aclaran que, en efecto, el plan de cierre impide la extracción del carbón para uso térmico, que es a lo que quería poner fin la UE para reducir la contaminación. «Pero eso no te prohibe sacar otro mineral del yacimiento, sobre todo, si es para usos industriales verdes», aclaran.

Ahí radica la pregunta que todos se hacen: ¿se sacaba carbón de la planta tercera? La inspección que se hará la próxima semana en el lugar empezará a dar las primeras respuestas.