La Junta General sopesa crear una comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo

Los partidos llevaban dos legislaturas sin recurrir a este formato que obliga a los convocados a asistir y decir la verdad bajo amenaza de prisión

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 3 de abril 2025, 13:58

Cinco mineros murieron el lunes en la mina de Cerredo y ahora la Junta General sopesa crear una comisión de investigación parlamentaria para aclarar ... las circunstancias que rodean al siniestro y las labores que realizaba la empresa, Blue Solving. El primero en solicitar públicamente la constitución de dicha comisión específica ha sido Vox. Su portavoz, Carolina López, considera que dar ese paso «es una obligación política y moral». «El gobierno de Adrián Barbón tiene que explicar y rendir cuentas de cómo llegó a dar un permiso de investigación a una empresa relacionada directamente con otra que había realizado trabajos de explotación en esta misma mina sin ningún tipo de permiso«, señaló, a modo de aviso.

La portavoz recordó que a raíz del anterior accidente mortal, en 2022, una inspección de Seguridad Minera determinó que existían indicios de extracción de carbón sin autorización para ello. Tal y como reveló EL COMERCIO, esos hechos dieron lugar a un expediente sancionador a la empresa (entonces denominada Combayl) de 20.000 euros, importe que liquidó acogiéndose al pronto pago. Vox también apuntó a cómo una denuncia ciudadana que llegó al registro en 2023 y sugería que se había vuelto a extraer carbón quedó traspapelada por un problema con la cuenta de correo a la que se remitió, tal y como avanzó EL COMERCIO.

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«Se trata de un escrito similar al que también recibió la Junta de Castilla y León sobre la mina de Laciana, y se paralizó la autorización hasta investigar lo que indicaba el escrito, cosa que aquí en Asturias no se hizo», comparó la diputada de Vox.

Lo cierto es que la formación ha sido la primera en solicitarlo en público, pero la idea de crear una comisión de investigación venía siendo madurada también por otras formaciones. Para constituir dicho órgano no permanente el reglamento exige que lo soliciten dos grupos parlamentarios o al menos nueve diputados, con lo que Vox no se basta por sí mismo para sacarlo adelante.

La Junta General llevaba dos legislaturas evitando un formato, el de las comisiones de investigación, que es exigente tanto para los diputados que la conforman como para quienes participan de ella. Los comparecientes tienen la obligación de acudir y de decir la verdad, bajo apercibimiento de exponerse a penas de prisión. Eso sí, si existe proceso penal en el que están implicados lo usual es que acudan, pero se acojan a su derecho a no declarar.

La última experiencia del parlamento con las comisiones de investigación no es precisamente exitosa. La Junta General fue condenada por el Tribunal Constitucional por vulnerar algunos diputados con sus preguntas y su dictamen final los derechos fundamentales de una de las comparecientes. Su recurso ha creado jurisprudencia; la sentencia del Constitucional acota mejor el margen de actuación de los parlamentarios, a los que se les facilita documentación y ese poder de forzar comparecencias pero con el objeto de analizar el funcionamiento de la administración, evitando tratar de analizar irregularidades que, por su alcance penal, competen a los juzgados.