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El empresario leonés Jesús Manuel Rodríguez y su conglomerado de sociedades afines desembarcaron en la mina de Cerredo cuando todo parecía perdido. Cuando ... el único trabajo que quedaba era la restauración de la mina a cielo abierto, financiada con ayuda de la UE. Con los derechos sobre los activos del lugar, lo primero que hizo fue solicitar al Principado, en noviembre de 2021, un permiso de «desimpactación» del lugar. Básicamente se trataba de retirar 5.900 toneladas de material carbonoso que había dejado repartido la liquidada Compañía Minera Astur Leonesa, de Rodolfo Cachero. Eso y aprovechar la maquinaria, cuadros, vías y demás usos mineros que quedaban en el lugar.
Esta labor la pidió con la sociedad Combayl, de la que es administradora única su mujer. Ese fue el único permiso que tenía la empresa cuando el 25 de agosto de 2022 dos operarios sufren un accidente al averiarse el dúmper 'lagarto' con el que bajaban desde la planta sexta. Uno muere, el otro queda herido de gravedad y le llama pidiéndole «socorro».
El camión con el que bajaban iba cargado de 20 toneladas de carbón de la sexta planta, espacio llamado a ser restaurado. No había licencia para ello y el Principado sancionó ese hecho con 20.000 euros. Ante la Guardia Civil el superviviente, su mujer y otros testigos aseguraron que «la actividad que se realiza en la explotación es la extracción del carbón, a pesar de no tener licencia». Rodríguez y los suyos lo niegan, pero dos sentencias dan por probado que aquel día se movió carbón sin permiso.
¿Cuántos trabajadores podía haber implicados en dicha extracción? Ahí es donde se difuminan los hechos. Formalmente Combayl solo tenía dados de alta a tres operarios, pero también acudían al lugar empleados de otras sociedades. Por aquel accidente está siendo investigada la mujer de Jesús Manuel Rodríguez en una causa que intenta aclarar si hubo un delito contra la seguridad de los trabajadores, otros de homicidio y uno más de lesiones.
Rodríguez está a la espera de ser juzgado en Elche. La fiscalía le acusa de haber puesto una empresa suya como tapadera para que unos narcos sudamericanos trajeran 390 kilos de cocaína camuflados en un contenedor con 20.000 kilos de carbón vegetal que arribó al puerto de Gijón.
El día que lo detuvieron llevaba el DNI de otra persona, a cuyo nombre habría alquilado una nave imitándole la firma. Le piden diez años de prisión y que pague junto al resto de procesados una multa de 13,1 millones.
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