El Principado de Asturias tramita ahora una denuncia contra la mina de Cerredo año y medio después de recibirla

El 16 de octubre de 2023 un informante escribió un correo al Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Mostraba en un vídeo la bocamina recién restaurada que da acceso a la fatídica planta tercera. En su escrito aseguraba que «se está explotando, en un nuevo lugar», identifica al ingeniero de minas al cargo y asegura que hay un concejal trabajando en el lugar. «Se está explotando sin ninguna medida de seguridad», aseguraba el anónimo. «La bocamina está abierta y puede entrar cualquier persona. ¿Eso es legal? ¿Desde el Ayuntamiento, el Principado y Minas son conocedores de esta situación?».

El email adjuntaba imágenes y dos vídeos de la bocamina, efectivamente recién rehabilitada. Extrabajadores de la explotación confirman que da acceso a la planta tercera, conocida como Mangueiro, y que había estado años cerrada.

Un mes antes de ese email el Ministerio para la Transición Ecológica informó del inicio de las obras de restauración ambiental en las plantas quinta y sexta, que es la parte de la mina a cielo abierto. Estos trabajos los hacía Tragsa.

Combustible de Asturias y León (Combayl) era la titular de los derechos mineros de la mina a cielo abierto y la subterránea. En junio de 2022 había presentado un proyecto de «desimpactación» a la consejería, que le dio el visto bueno. Básicamente consistía en un permiso para recuperar unos acopios exteriores y chatarra y útiles del interior de la mina.

Esas eran las labores autorizadas entonces y tenían dos condiciones: no interferir con los trabajos de rehabilitación y no extraer mineral. «No quiero ver salir una sola piedra de carbón», llegó a avisar uno de los técnicos de la consejería.

¿Qué se hizo con aquella denuncia? El SAC la remitió al día siguiente a mineria@asturias.org, el correo que le figuraba del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros. Después respondió al informante de que era allí donde estaba su escrito y le dio un teléfono y número de solicitud «para cualquier duda o aclaración».

En Transición Ecológica no supieron hasta ayer de esa denuncia. Según fuentes próximas al expediente, mineria@ era una dirección en desuso, abierta durante la covid, y que había quedado desactivada tras una migración a una nueva versión del sistema Outlook. En el Boletín Oficial del Principado figura en efecto como referencia en catorce disposiciones publicadas todas entre noviembre de 2020 y mayo de 2023. Ayer se accedió a esa vieja dirección, se rescató la denuncia y se le dio trámite, año y medio después de su envío.

El martes el ciudadano mandó al SAC otro correo, señalando el accidente y considerando que él ya avisó: «¿Desde el Principado de Asturias no se era consciente de los peligros?».

En su nuevo escrito asegura que «estas semanas estaban llegando camiones cargados con carbón de Fabero y en Cerredo descargaban y lo mezclaban en la plaza (con carbón extraido en Cerredo)». Fuentes próximas a Combayl confirman que una nave del exterior está alquilada a una empresa leonesa que trae carbón desde la provincia vecina y saca parte del mismo por los puertos de Gijón y Avilés, pero niegan que se estuviera ahora sacando mineral del interior de Cerredo.

A expensas de la investigación, es cierto que a Combayl ya se la sorprendió una vez extrayendo carbón de forma ilegal.

El 25 de agosto de 2022 tuvo lugar el que, hasta esta semana, era el último accidente mortal. Un trabajador murió contra el asfalto y otro quedó gravemente herido; iban a bordo de un dumper de enormes dimensiones, descendiendo desde la sexta planta, cuando el vehículo dejó de funcionar. Ni frenaba ni arrancaba, solo bajaba cogiendo velocidad. Acabaron en la plaza ante la planta tercera.

El camión volquete transportaba 20 toneladas de carbón. Según manifestó el herido grave, su mujer y otros trabajadores, era habitual que se movieran esas cantidades de carbón de la mina y se mezclaran luego con otros procedentes de León. Estos testigos reconocieron que no existía permiso para dicha actividad.

El análisis del material realizado por la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación confirmó que procedía «del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación», recoge el informe. La zona estaba en proceso de cierre para su restauración. «Dado que existen indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada, procede la inmediata apertura de un expediente informativo que determine de forma fehaciente si se realizó tal actividad extractiva», dictan los funcionarios.

El expediente informativo se abrió, confirmó los hechos y concluyó imponiendo a la empresa una multa de 20.000 euros, que Combayl redujo con el pronto pago.

Se da la circunstancia de que los inspectores del Principado habían visitado la mina dos meses antes del accidente, accediendo a esa planta sexta y «no apreciando la realización de actividad extractiva en la actualidad», según su informe.

En aquella visita el director facultativo comentó a los inspectores que sabía de «materiales susceptibles de coquizar» y valoraba pedir un segundo permiso de investigación complementaria. Los inspectores recordaron que el Real Decreto que regula las ayudas a la restauración marca que «quedará prohibida cualquier actividad de extracción del carbón en los terrenos rehabilitados». «Las actuaciones de restauración y rehabilitación afectarán tanto a la antigua explotación a cielo abierto, como a la unidad subterránea, por existir una íntima relación geominera entre ambas», dicen.

Combayl es una de las empresas mineras del leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán, quien no cejó en ese empeño. El accidente mortal dejará al descubierto sus irregularidades y obligará a suspender la actividad. En la Comisión de Seguridad Minera que analiza el suceso, celebrada en 2023, los sindicatos ponen el grito en el cielo, la entonces directora general, Belarmina Díaz, asume que el cúmulo de infracciones impiden considerar «normal» a la empresa; se discute si procede inhabilitarla o cerrar la mina. El jefe de sección de Seguridad Minera zanja el debate asegurando que caso de retomarse los trabajos «obviamente existirá un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera».

Para retomar la retirada de acopios y chatarra, así como iniciar la investigación Jesús Manuel Rodríguez transmite los derechos sobre el lugar a Blue Solving, sociedad creada antes con su hijo Adrián Rodríguez como administrador único. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024 personal de la nueva compañía se reúne en tres ocasiones con Belarmina Díaz e Isaac Pola, entonces directora general y viceconsejero, para acotar la labor. En verano de 2024 se autoriza a Blue Solving a hacer sondeos de investigación en la primera planta. En la fatídica tercera solo podían retirar chatarra, vías y cuadros hasta este día 11.

El 23 de septiembre tuvo lugar la única inspección que el Principado ha confirmado en la etapa de Blue Solving, sin detectar nada anómalo. En medios sindicales se espera aclarar de forma oficial si no hubo nuevas visitas de control en seis meses.

Hoy hablará del caso Belarmina Díaz, en calidad de consejera. Sabe que tiene ya una petición de dimisión registrada por Foro y que parte de las respuestas que todos esperan siguen dentro de la mina precintada, a la espera de que los investigadores accedan la semana que viene a revisar la escena de la explosión.