«Nos enteramos por la esquela de la muerte de nuestra hermana»

«A mí», relata Chelo, la esposa de José María, «me llamaba todas las noches porque estoy delicada de salud y cuando una noche no me llamó, intentamos nosotros ponernos en contacto con ella pero el teléfono estaba apagado».

Tras insistir sin éxito en repetidas ocasiones y temiéndose que a María Isabel le hubiese ocurrido algo, decidieron presentar una denuncia por desaparición en el juzgado de Grado.

Y sin noticias de ella estuvieron hasta que una de las hijas de José María y Chelo les informó de que Isabel había muerto y la habían traído al pueblo. «Nos enteramos porque Arancha puso una esquela en un tablón del pueblo en la que solo aparecía ella».

Todo esto resultó muy sospechoso para el hermano de esta mujer, que «gozaba de una salud estupenda, que nunca había tenido problemas y que de la noche a la mañana ya la traían muerta para enterrarla».

Todo ello llevó, poco tiempo después a que este hermano solicitara una autopsia ante sus sospechas de una muerte no natural y que fue la que, presuntamente, desató el posible envenenamiento.

La pareja reconoce que, efectivamente, hubo «algún cambio» en el testamento de Isabel Suárez, natural de Grado, aunque residió varios años con su esposo en Las Regueras, y que en el momento de su muerte se encontraba con ellos en Madrid. «Fue en pequeños detalles sin apenas importancia», según ha relatado a EL COMERCIO, el abogado que lleva la defensa de la pareja, Francisco Pérez Platas, con despacho en la capital del Principado y el mismo que defendió a la familia del bombero Eloy Palacio.

De momento, prosigue el secreto de sumario, aunque previsiblemente, se levantará en breve. Entonces, los letrados de ambas partes esperan tener conocimiento de datos relevantes para llevar a cabo las defensas de sus clientes.

El letrado asegura que «es totalmente falso» que se hubieran cargado gastos en las cuentas de la fallecida. «No se ha tocado la herencia», puntualiza, tras mantener conversación con sus defendidos, que le han reconocido que «no hemos cobrado nada de su herencia».

Lorenzo y Palomino permanecen en libertad con cargos, con la medida cautelar de presentarse en el juzgado cada semana y retirada provisional del pasaporte, según decretó el pasado viernes la jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey, que se encarga de la investigación del caso.