Transportes convoca a los gobiernos de Asturias y Cantabria a una cumbre por el fiasco de Feve

El ministerio destituyó ayer a dos cargos intermedios de Renfe y Adif a los que responsabiliza de estar en el origen del contrato erróneo, pero está dispuesto a hacer cambios de mayor envergadura. Ese es el sentido de la auditoría que ha encargado y que busca determinar, no sólo por qué el contrato se licitó con un pliego que no precisaba medidas correctas para los trenes, sino también por qué esta cuestión no estaba resuelta ya. Tal y como desveló EL COMERCIO, el primer aviso de que las medidas no se correspondían con los túneles reales se produjo hace ahora dos años, sin que el tiempo transcurrido bastara para dar con una solución.

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En las altas esferas de Transporte hay malestar por cómo se ha ido demorando el expediente, y así lo evidenció la propia secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, cuando a preguntas de este periódico, el 24 de enero, explicó que se había constituido una comisión cuatripartita (con el ministerio, Renfe, Adif y el fabricante, CAF) para desencallar el asunto. «Vamos a estar encima del proceso. Estas cosas o se siguen o se destensan, o tienen una coordinación permanente o no sabes en qué punto se han quedado», reconoció. Esa presión del escalafón político es la que permitiría contar en verano ya con un diseño válido, que se utilizaría para ensamblar un primer prototipo.

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Con el modelo de pruebas se harían ensayos para ver si es necesario proceder a más reajustes, y solo después, CAF iniciaría la fabricación en cadena de los 31 modelos de ancho métrico solicitados. El expediente requiere de una modificación contractual para habilitar a la empresa a modificar los parámetros de diseño y que pueda tomar como base las dimensiones de un tren realmente existente.