'Caso Renedo' | Los condenados del 'caso Renedo' podrán ingresar en prisión esta semana

El ingreso en el centro penitenciario de Asturias podría ordenarse incluso aunque los procesados soliciten el amparo al Tribunal Constitucional, una vía que no exime del internamiento hasta que exista una resolución final. La sentencia del Tribunal Supremo es firme y por lo tanto los magistrados podrán ordenar su ejecución en cualquier momento.

Son varios los procesados que, a través de sus abogados, ya han anunciado que se acogerán a su derecho al amparo Constitucional, reiterando así de nuevo la inocencia que mantuvieron durante el procedimiento judicial que se prolongó durante diez años y que aún no ha escrito su punto final.

Son ocho los condenados por la considerada mayor trama de corrupción en el seno de la administración asturiana. A los nueve años de cárcel impuestos a la exfuncionaria Marta Renedo le siguen los cinco años y cinco meses de prisión dictados para María Jesús Otero, exdirectora general de Educación; cinco años y dos meses para el empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez; también cinco años y dos meses para José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación; y dos años y ocho meses para el director de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez. El Supremo concluye el fallo judicial con un año de cárcel para el empresario informático Maximino Fernández y ocho meses de cárcel para el también empresario Antonio José Azorín. Al empleado del Ayuntamiento de Mieres Francisco Javier Juárez le impone una pena de multa.

A las condenas ya firmes se deberá descontar el tiempo que tres de los procesados ya pasaron en el centro penitenciario de Asturias tras su detención. José Luis Iglesias Riopedre permaneció 42 días en prisión preventiva, María Jesús Otero estuvo entre rejas 176 días y Marta Renedo, la última en salir en libertad provisional, estuvo 224 días. Sus estancias serán detraídas de las condenas finales dictadas por el Tribunal Supremo.

El máximo órgano judicial redujo las penas para todos los acusados excepto a la exfuncionaria, a la que sitúa en el centro de la trama de corrupción de la Administración pública. El Supremo apreció las atenuantes de dilaciones indebidas al considerar que, dada la complejidad de la causa y los delitos que se les imputan, el periodo de instrucción, fase iniciada en 2010 y concluida en noviembre de 2013, no resulta «irrazonable». Sí aprecia retrasos en la fase intermedia y en el juicio oral.

«Desde que finaliza la fase de instrucción hasta que se dicta sentencia transcurren cuatro años, un tiempo por tanto equiparable al de la fase de instrucción, por lo que difícilmente puede catalogarse de razonable», explica el dictamen, que contrapone esa circunstancia al amplio volumen de la causa y «la gran cantidad de documentación que fue preciso ordenar, sistematizar y analizar».

El complejo procedimiento judicial conllevó la elaboración de 90 tomos de instrucción, unos 200.000 folios de documentos escaneados y unas 90 horas grabación de un juicio que se prolongó durante tres meses y contó con 180 testigos. «No sólo resultó gravemente perjudicado el patrimonio público, sino que se implantó de facto un sistema de adjudicación de los contratos convenidos con la Administración que afectaba a todo el sistema de la comunidad autónoma y no solo al patrimonio de ésta», señala la sentencia.