El Principado califica de «inaceptables» los actos de los condenados

«El Gobierno de Asturias respeta y acata las decisiones judiciales. Esa es una regla básica de cualquier sociedad democrática, con la que siempre seremos escrupulosos. Con igual rotundidad, siempre estaremos dispuestos a colaborar con la justicia», añadió la portavoz, quien recordó que «a lo largo de la instrucción, el Ejecutivo ejerció la acusación particular en defensa de los intereses del Principado. En su momento, expresamos nuestra conformidad, al igual que el ministerio fiscal y las demás acusaciones, con el fallo emitido por la Audiencia Provincial. Los planteamientos del Principado, incluida la solicitud de penas, siempre fueron similares o coincidentes con los de la Fiscalía», abundó.

El diputado del Partido Popular Pablo Álvarez-Pire apuntó directamente a la «mala gestión de los Gobiernos socialistas en Asturias. La sentencia sigue constatando que ha habido mala gestión del dinero público e incluso prácticas ilegales, pero al final la Justicia pone a cada uno en su sitio. En nuestro país el sistema judicial funciona y esta es una demostración más», aseguró.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, mostró su «satisfacción» por la condena de los acusados en el procedimiento, en el que su grupo ejerció la acusación popular. «La sentencia reconoce que se trataba de un sistema de la administración corrompido hasta la médula, que no era una caso aislado. La sentencia del Tribunal Supremo realiza una radiografía de una época en la que la posición del Gobierno fue de inacción», añadió. A su entender, «el fallo judicial es una gran victoria ciudadana».

La portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Ángela Vallina, manifestó que «más allá del respeto de una resolución del Alto Tribunal, dada la importancia de los delitos y el daño enorme hecho a la imagen de lo público, resulta chocante la rebaja de las penas, ya que no se cuestiona el fondo de la trama sino que se motiva en fallos en el procedimiento judicial». En cualquier caso, considera, «se trata de penas importantes que demuestran la gravedad de un caso que jamas debería haberse producido». La portavoz de IU consideró que «es también chocante que tengamos que estar hablando de este caso de corrupción una década después. La justicia para serlo, con el debido respeto al procedimiento y a los derechos, tiene que ser rápida o no lo será».

Por su parte, Pedro Leal, vicesecretario de Coordinación Institucional y diputado de Foro, muestra «respeto por la sentencia y el trabajo de los tribunales. Desde Foro no tenemos nada que decir a favor o en contra de la resolución judicial. Ahora los condenados deben cumplir las penas y satisfacer las cantidades con las que han perjudicado al erario público. El poder judicial ha actuado y ahora les toca a los condenados cumplir sus penas».

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, aseguró que van a exigir que «se pongan en marcha todas las medidas pendientes para asegurar que nunca más se vuelva a dar una trama organizada de robo y despilfarro de dinero público, un sistema organizado de corrupción que afectó a toda la Administración del Principado. Estamos hablando de mecanismos tan básicos como reforzar la dotación humana de la Inspección General de Servicios o como la plena contratación digital siguiendo la Ley de Contratos, así como de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno».