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El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reincorporó este viernes tras 12 días de vacaciones con una rueda de prensa de 40 minutos en la que compareció arropado por sus consejeros y que giró, casi en exclusiva, sobre el preacuerdo del PSC y ERC ... que abre la puerta a que Cataluña salga del régimen común de financiación y tenga un concierto fiscal similar a Navarra y País Vasco. Barbón era el único presidente autonómico sin valorar públicamente el pacto, y de sus palabras estaba muy pendiente el PSOE. La cuestión le situaba en una disyuntiva entre apoyar una reforma que el presidente Pedro Sánchez ve «magnífica», o mantenerse fiel a los acuerdos que sobre financiación autonómica ha ido trazando con otros gobiernos autonómicos y partidos. Optó por lo segundo.
El presidente expresó el rechazo de su Gobierno y de la propia FSA a esa iniciativa, de la que reconoció haberse enterado por la prensa. Dijo haber hablado del asunto con el candidato a president, Salvador Illa, y varios cargos del Gobierno central y el PSOE, pero no aún con el presidente Pedro Sánchez.
Repitió que quiere seguir en el puesto tras las elecciones autonómicas de 2027 y por tanto su prioridad es «la defensa de los intereses de Asturias». A diferencia de otros líderes territoriales socialistas, evitó exigir a Ferraz una reunión para abordar el tema, o la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal que reúna a todos los gobiernos autonómicos convencido de que esos cónclaves los activará en su momento la dirección nacional. Tampoco ve margen para preparar acciones judiciales ni para solicitar a los diputados asturianos del PSOE que voten en contra, caso de llegar la iniciativa al Congreso de los Diputados.
«Va a haber tiempo para el debate, sin duda; la ejecutiva federal buscará el cauce de debate interno y ahí vamos a defender la posición de Asturias», señaló. «Seguro que mi partido va a abordar este debate y se nos va a explicar», confió, evitando agitar más las aguas internas del PSOE.
Con todo asumió que «es difícil que haya una posición unívoca de las federaciones socialistas porque no todos pensamos lo mismo». «Este debate donde realmente se dará es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se nos tiene que clarificar elementos que no están clarificados en el documento», señaló, aludiendo así al foro que reúne al Gobierno central con los ejecutivos autonómicos.
Aunque hay detalles por resolver la impresión es que un acuerdo en esos términos perjudicaría al Principado. «ayer le preguntaba al consejero de Hacienda si podemos cuantificar cuánto perderíamos y no podemos; en el documento no viene establecido cuánto se quedaría el Estado así que quien diga que sabe cuánto perdería Asturias miente», indicó. «¿Perderíamos? Creemos que sí», agregó.
Barbón reiteró que se debe a las resoluciones de la FSA, el acuerdo de Gobierno con IU-Convocatoria, así como a los pactos en materia de financiación suscritos con la oposición (salvo Vox) y otras siete autonomías. Se trata de compromisos que colisionan frontalmente con dos aspectos del preacuerdo con ERC: la salida de Cataluña del régimen común y que en adelante su aportación solidaria al resto quede limitada por el principio de ordinalidad.
Este concepto esteblece que los recursos deben repartirse entre las comunidades de tal forma que el territorio donde más impuestos se recaudaron sea también el que más recursos disponga, el segundo con más capacidad fiscal quede en segundo puesto de ingresos y así sucesivamente. Según los cálculos de la Generalitat, en 2022 la recaudación que captó la Administración central fue allí de 3.565 euros por habitante, lo que supone la tercera de mayor cuantía, pero al final la redistribución de fondos dejó a la comunidad con 3.264 euros por habitante para financiar sus servicios, lo que le dejaría en décimo lugar.
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Frente a ello Barbón se remitió a una resolución aprobada por el 33 Congreso de la FSA, en marzo de 2022, que textualmente establece como compromiso del partido su apuesta «por un sistema de financiación autonómica centrado en el ciudadano, no en la capacidad fiscal de los territorios. Por lo tanto, no cabe aplicar el llamado 'principio de ordinalidad', que supondría la financiación privilegiada de determinados territorios para financiar sus servicios públicos».
La Declaración de Santiago, de 2021, rubricada con otras siete comunidades, marca que «las decisiones sobre financiación autonómica queden al margen de los legítimas relaciones bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad».
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Aunque el presidente asturiano evite ponerse al frente de la pancarta su banco está claro: «No apoyaremos nada que vaya contra los intereses de Asturias», enfatizó. «Rechazamos la salida de cualquier comunidad del régimen común», agregó. «Este es un debate nuclear, básico», indicó, al tiempo que reconoció su preocupación. «Sin sobreactuar, sin dar puñetazos sobre la mesa, defiendo los intereses de Asturias», reiteró.
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Lo hace, dijo, «como asturiano, como socialista y como presidente del Principado que soy y que quiere seguir siéndolo a partir de 2027». Eso sí, Barbón remarcó que «ninguna comunidad está sobrefinanciada» y asumió que el modelo actual de reparto de recursos «está obsoleto, no da más de sí, está caduco desde hace muchos años». Urgió su reforma, si bien asumiendo que «es más difícil que cuadrar un sudoku».
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