El Principado rechaza el pacto con ERC y avisa al Gobierno: «Tomaremos las acciones necesarias»

Peláez justificó que el Principado fuera la última en terminar de decantarse con claridad por la necesidad de estudiar el acuerdo «en profundidad. Nuestra responsabilidad es máxima, y el rigor también». «Hace unas semanas nos preguntaban directamente tanto a mí como al presidente qué pensábamos de un concierto fiscal y nuestra respuesta fue nítida, clara y congruente con nuestros compromisos: rechazamos que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través del régimen fiscal», situó. «Efectivamente, este acuerdo entre ERC y el PSC incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta en coherencia tiene que ser la misma, de rechazo», dijo.

El consejero trasladó el miércoles al Ministerio de Hacienda la posición «clara y nítida» de rechazo. «Como Gobierno de Asturias tomaremos las acciones necesarias para que nuestro modelo multilateral y de régimen común sea el que definitivamente sirva para reformar el modelo de financiación», advirtió.

En estos momentos entre los gobiernos, partidos y federaciones socialistas que rechazan el preacuerdo hay amenanzas de llevarlo a los tribunales, exigencias de convocar una conferencia de presidentes, al consejo de política fiscal, peticiones de someterlo a consulta también de toda la militancia y llamadas a los diputados del PSOE para que rompan la disciplina de voto. Son alternativas en las que el portavoz del Principado eludió entrar, avanzando eso sí que el rechazo asturiano se elevará al consejo de política fiscal cuando sea reunido.

Tres son los argumentos principales que Peláez mostró para terminar de decantarse en el bando del 'no'. Es cierto que el preacuerdo mantiene la obligación de la Generalitat de seguir haciendo una aportación de solidaridad a la caja común, pero «debemos de verla con mucha prudencia porque el propio acuerdo la limita al principio de ordinalidad, y aquí tenemos que recordar que el acuerdo que tenemos con los partidos en la Junta General y la declaración de Santiago (con otras siete comunidades autónomas) establecen taxativamente que ese principio no debe primar».

El sistema de ordinalidad marca que si una comunidad es la que más impuestos por habitante paga, debe ser la que luego cuente con mayor financiación, es decir, que la redistribución de recursos respete el orden en el que queda cada comunidad a la hora de recaudar. Según cálculos de la Generalitat –discutidos por varios expertos en la materia– en 2022 cada catalán aportó 3.565 euros de media, siendo los terceros que más pagaron, y luego su gobierno autonómico dispuso de 3.264 euros para financiar los servicios, lo que le situaría como la décima en nivel de recursos, por detrás de un Principado que habría recibido vía financiación 3.807 euros por habitante.

El Principado rechaza a este límite a la solidaridad, pero sobre todo, se dice «vinculado» a los acuerdos que tiene con el resto de partidos (salvo Vox) y siete comunidades autónomas, en los que se exige una solución multilateral al modelo de financiación. Su propuesta es la de calcular el coste real de los servicios y sobre eso asegurar los fondos necesarios para sostenerlos.

Hay un tercer elemento al que apuntó el consejero: «Un concierto fiscal supone una merma de recursos del Estado, y eso va más allá del debate de la financiación autonómica; afecta a la financiación del Estado en su conjunto y el Estado al final es la palanca que garantiza una correcta redistribución de la renta y la riqueza, ademas garantiza un Estado del Bienestar fuerte cohesionado». Por todo ello Peláez desestimó la petición de UGT Asturias de abrir negociaciones para lograr para el Principado un sistema fiscal como el que pretende ERC.

IU-Convocatoria, socio de gobierno en el Principado, salió ayer a reiterar su rechazo al preacuerdo, pero añadiendo matices. Dijo el portavoz parlamentario, Xabel Vegas, que el texto actual afecta a la solidaridad y redistribución, algo que son «líneas rojas». Eso sí, ve «margen» para pulir el pacto una vez lleguen al Congreso de los Diputados las leyes que deben materializarlo: «Sabemos que hay que hacer política; sabemos, somos conscientes de que la derecha va a utilizar ese acuerdo para lanzar soflamas incendiarias que afectan a nuestra convivencia, pero nosotros creemos que es la hora de la política».