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Los viajes para mayores del Imserso están muy cerca de recuperar la normalidad después de casi dos años de pandemia. Los altísimos índices de vacunación contra el coronavirus entre los jubilados españoles y la implantación de protocolos de seguridad ha permitido recuperar el programa de turismo dirigido a la tercera edad que ofrece viajes a los mayores a un precio más económico de lo habitual.
Las ganas de reanudar las visitas y los viajes fueron generalizadas en 2022 y prueba de ello es que, pese a que en los primeros meses se produjeron varios repuntes en la tasa de contagios del virus, en lo que va de año medio millón de mayores volvieron a desplazarse a otras ciudades o países con el Imserso, según los datos ofrecidos hoy en el Congreso por la ministra de Derechos Sociales.
Ione Belarra indicó que todo apunta a que el programa de viajes oficial para jubilados recuperará la normalidad absoluta este otoño y que, de cara a la nueva temporada, la 2022-23, se espera incluso que los usuarios puedan superar las cifras previas a las pandemia, por lo que el ministerio se prepara para ampliar la oferta de plazas si fuese necesario. Prueba de este interés creciente es que el 90% de los que ya han viajado
La titular de esta cartera indicó a los diputados que, para favorecer esta normalización y echar una mano a los mayores, uno de los colectivos más castigados por el enorme alza de la inflación, el Ejecutivo se compromete a mantener congelados los precios de la oferta de viajes del Imserso de la nueva temporada, «a que no tendrán ni un céntimo de subida».
Belarra señaló que los estudios del ministerio demuestran que estos viajes, pese a la persistencia de la covid, son «enormemente seguros, porque no se ha bajado la guardia con las medidas de seguridad». Cualquier caso que se detecta se monitoriza y se sigue para cortar la cadena de contagios. Para demostrar la veracidad de sus palabras, comentó que solo el 0,6% del medio millón de viajeros ha dado positivo en coronavirus, lo que significa que la tasa de contagios en estos desplazamientos y convivencias es cinco veces menor que la detectada por el Ministerio de Sanidad y las consejerías en la población española mayor de 60 años.
La ministra ha centrado buena parte de su balance parlamentario en los mayores. No ocultó a los diputados las fuertes resistencias y la oposición que ha encontrado en numerosas autonomías de distinto signo político para pactar un cambio de modelo radical en las residencias de ancianos y de discapacitados. Sin embargo, Belarra aseguró que «no voy a cejar en mi empeño hasta que consigamos sacar adelante este acuerdo» en el Consejo Territorial de Servicios Sociales en las próximas semanas.
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La líder de Unidas Podemos defendió que nadie en este país entendería que los responsables políticos fallasen a la gente mayor, sobre todo después del horror y la masificación que los estragos iniciales de la pandemia sacaron a la luz en la mayoría de estas residencias. Añadió que ella, al menos, no quiere «más imágenes de residencias masificadas, ni de pacientes tratados con sujecciones, ni de personas que mueren esperando una plaza pública que no llega nunca».
Insistió en que el pacto para cambiar las residencias es una «prioridad» para su ministerio y defendió su propuesta, rechazada por muchos consejeros y muy criticada por la patronal privada de los cuidados, que es quien gestiona la mayor parte de las plazas públicas en muchas autonomías a través de los conciertos. La ministra defiende que el plan, además de reforzar la atención a domicilio de los dependientes, por ser la opción preferida de la mayoría, aumente el personal de las residencias hasta tener prácticamente dos trabajadores por cada anciano, destierre las sujeciones y los 'pastillazos' como forma de control de los internos, se generalicen los centros de mayores más pequeños y organizados en torno a unidades de convivencia de 15 personas, para que se parezcan lo más posible a un hogar, y se eleve el porcentaje de habitaciones individuales hasta el 65% para aumentar la intimidad.
La titular de Derechos Sociales explicó también que, gracias al fuerte aumento de recursos para la dependencia transferidos por el Estado este año a las autonomías, con una cifra «histórica de 2.600 millones», lo que supone doblar los recursos de 2020, se ha logrado aumentar en un año en 165.395 personas los beneficiarios de prestaciones del sistema de atención a la dependencia. No obstante, avisó que será preciso redoblar el esfuerzo de financiación por todas las partes ya que solo en los primeros cuatro meses de 2022 se han registrado 53.500 nuevos solicitantes de estas prestaciones.
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