El dueño de la finca donde murió Julen se enfrenta a tres años de cárcel

El propietario de la parcela, David Serrano, será juzgado por un delito de homicidio por imprudencia grave por el que le acusa la Fiscalía, que solicita que se le imponga una pena de tres años de prisión; y la acusación particular, en representación de los padres del niño, que pide tres años y medio de cárcel.

Unas 50 personas están citadas a declarar como testigos o peritos; entre ellas los padres del pequeños, José y Victoria; la pareja del acusado; el hombre que realizó el pozo; así como responsables y miembros del operativo de rescate del pequeño, como son guardias civiles y mineros de Asturias --que declararán por vídeoconferencia desde allí--; además de médicos forenses.

Así, la primera sesión del juicio incluye las cuestiones previas de las partes, la declaración del acusado y la de seis testigos, entre ellos los padres del pequeño. El resto de los días declararán las demás personas citadas y se ha reservado los días 28 y 30 para las conclusiones e informes finales del mininisterio fiscal y de los abogados.

Asimismo, son 80 los profesionales de la información --periodistas, fotógrafos, operadores de cámara y técnicos de radio-- de 34 medios de comunicación los que están acreditados para cubrir la vista oral, en la que se analizará todo lo ocurrido el 13 de enero de 2019 y las condiciones en las que estaba el pozo y la finca de la zona del Dolmen del Cerro de la Corona donde ocurrieron los hechos.

El fiscal, en su escrito de acusación provisional, incide en que el procesado «no había señalizado ni advertido» de la presencia de la prospección e insiste en que «era el único conocedor» de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que «los demás desconocían» la presencia del mismo ya que «apenas se veía».

La acusación de los padres también achacó al acusado una «negligencia» que es «extremadamente grave» y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto «la gravedad de la acción del acusado» como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen «multitud de infracciones normativas».

Por su parte, la defensa del acusado señala que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la «imposibilidad de haber previsto el riesgo» de que el niño cayera y en que avisó varias veces al padre del pequeño de la existencia de pozos.

La Fiscalía indica que el día de los hechos el acusado fue junto con su pareja y su hija menor, así como con los padres de Julen y el pequeño a la finca. Cuando llegaron, el procesado aparcó en la explanada en la que había realizado una obra con una canalización o zanja para asentar un futuro muro, que pretendía construir y que, además, se dispuso a mostrar al padre del pequeño.

Los menores, mientras tanto, y según el relato del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, estaban junto a sus madres. Así, la madre de Julen «se sentía indispuesta» por lo que dijo a su marido que iba a llamar al centro de trabajo para avisar de «la imposibilidad de acudir», encomendando el cuidado de Julen al padre.

En un momento, Julen se puso a correr, según el fiscal, y al verlo, la pareja del acusado comenzó a gritar el nombre del menor, reaccionando «de forma inmediata» el padre, corriendo ambos en dirección de Julen para pararlo y evitar «que se hiciera daño con las piedrecitas o las paredes de la zanja».

Según el relato, al llegar a su extremo final «de forma repentina y sorprendente» desapareció de la vista, ya que «Julen se coló por la boca del pozo que se encontraba a ras del suelo de la zanja, »en el extremo final y sin tapar, precipitándose en su interior«. La boca del pozo era de 28 centímetros de diámetro, reduciéndose posteriormente hasta los 21-22 centímetros.

El padre del niño intentó sin éxito sacar a Julen del pozo «lesionándose los brazos en su intento de alcanzarlo, apartó los dos bloques de hormigón que rodeaban la boca y metió una goma de regar con el intento de que Julen se agarrara» pero «era imposible» pues «desconocía» que el pozo tenía 110 metros de profundidad y que el menor se encontraba precipitado hasta el fondo, apunta el relato.

El fiscal considera que tanto la pareja del acusado como los padres de Julen «desconocían» que estaban preparando la comida «a 17 metros de distancia de un pozo sin tapar; al igual que tampoco sabían que estaba el mismo al final de la zanja en forma de 'L' en el lado corto; y que Julen corría en dirección a la boca del mismo.

Según señala, también el dueño «a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y la de Julen, que finalmente cayó por él».

El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.

Por su parte, la defensa del acusado niega «rotundamente» los hechos tal y como lo interpretan las acusaciones, considerando que «han resultado interesadamente falseados con el tiempo a tenor de los desmentidos de las primeras declaraciones».

Así, los letrados insisten en que, «como ya hemos defendido hasta el hartazgo», su cliente sí aviso de que había pozos, citando declaraciones realizadas por el padre del pequeño. Asimismo, apuntan a que era «imposible» que no viera la perforación teniendo en cuenta que la finca era pequeña.