«El Estatuto no está agotado»

El Estatuto de Autonomía cumple este lunes 40 años. Y llega a su cuadragésimo aniversario en pleno debate sobre la necesidad de someterlo a una reforma que permita otorgar al Principado de Asturias de mayor autonomía, y al Gobierno regional de nuevas competencias. Si bien el punto más relevante, y que tiene bloqueada la negociación, es la reforma del artículo cuatro para convertir la llingua asturiana (y también el eonaviego) en lengua oficial. Un proceso polémico que la mayor parte de los autores de la normativa autonómica, los llamados 'padres' del Estatuto, ven con preocupación ya que entienden que ni existe necesidad de reforma ni, a la vista está después de los últimos acontecimientos, tampoco hay consenso suficiente para tocar un documento de la importancia y envergadura que tiene esta norma. Pero menos aún, advierten, para adoptar decisiones políticas del calado de la cooficialidad.

«No hay consenso, ni demostrada necesidad», resume el abogado Juan Casero, uno de los miembros de la llamada 'comisión de los ocho' que, hace cuatro décadas, hicieron historia con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Asturias, el primero tramitado por la vía del artículo 143 de la Constitución Española. «El Estatuto de Autonomía tiene aún margen muy amplio para actuar sobre él a través del desarrollo de leyes», coincide el jurista Francisco Sosa Wagner, miembro también de este destacado club. «No ha agotado todas sus posibilidades», añade Bernardo Fernández, ex presidente del Consejo Consultivo de Principado y también perteneciente a la comisión de expertos que en su momento se ocupó de la redacción del anteproyecto.

Solo el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida ve con buenos ojos algunas de las propuestas planteadas en los últimos meses por el Gobierno regional para esta reforma, pero coincide con sus compañeros en lo que al artículo cuatro se refiere. «La cooficialidad es un debate tan importante y serio que imponerla, con las consecuencias que ello va a traer, no me parece adecuado», zanja.

Francisco Sosa Wagner y Bernardo Fernández, designados por el PSOE; Francisco Bastida, por PDA y Juan Casero y Juan Bautista, por UCD, formaron parte de esta comisión que se completa con los ya fallecidos Ignacio de Otto (PDA) y Juan Luis de la Vallina y José Manuel Riesco (Coalición Democrática). Pese a que cada uno de ellos participó en el histórico conclave representando ideologías muy dispares, todos coinciden en destacar el clima de «consenso» y el «entusiasmo» con el que salió adelante esta norma básica de la región que buscaba, rememora Bastida, conseguir la autonomía «con independencia de las ideologías».

Motivo por el que, subraya el catedrático, se apostó por «llegar a acuerdos, aunque hubiera que hacer grandes renuncias, algo que ahora parece muy difícil». De esta forma, relata a modo de ejemplo, el Partido Comunista hubiera preferido que la comunidad se llamara Asturias, en lugar de Principado de Asturias, pero cedió. «Porque no estábamos hablando de Monarquía o República, sino de Democracia», recuerda.

También Sosa Wagner explica cómo el Estatuto nació sobre «la base de un consenso muy grande» y el «entendimiento» entre las fuerzas políticas mayoritarias por tratarse de lo que se consideraba, y se considera, una cuestión delicada. «Pero ese espíritu de concordia con el que nació el Estatuto se rompió años después, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en esa estamos», denuncia.

No fue, en todo caso, un trabajo fácil, sino una labor ardua y minuciosa que llevó varios años. «Eran momentos difíciles en los que las autonomías se veían como una concesión política a ETA. Y en Asturias, aún teniendo el índice de regionalismo afectivo más alto, teníamos por el contrario el índice más bajo de regionalismo político», contextualiza Juan Casero, quien destaca la «importancia política, económica y estratégica» que tuvo para Asturias esta norma que, entre otras cuestiones, supuso «desmantelar la empresa pública industrial del Estado en Asturias» y reconvertirla en empleo del sector servicios.

«Aunque el proceso en las Cortes se demoró mucho, Asturias fue la primera comunidad que se constituyó por el artículo 143 de la Constitución. Fue un momento de mucha satisfacción porque marcaba un hito y una línea de desarrollo para la constitución del resto de los Estatutos», añade Bernardo Fernández, quien comenta que con esta norma se aproximó el Gobierno a los ciudadanos. «Para mí el Estatuto significaba una descentralización del Gobierno, más Democracia, no necesariamente una manifestación de una singularidad histórica o principio nacionalista», reflexiona.

Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía, Fernández participó en varios Gobiernos del Principado y reconoce que «costó trabajo arraigar las instituciones entre los asturianos», pero celebra que «aunque fue un proceso intenso fue relativamente rápido y, hoy en día, la autonomía está totalmente asumida». Esta norma ha permitido también, completa Bastida, acercar los servicios públicos a los ciudadanos, que ahora pueden ver en un mismo país las diferentes formas de gestionarlos. «Se ha comprobado durante la pandemia cómo se pueden gestionar los servicios sanitarios de diferente forma y cómo han funcionado mejor en unos sitios que en otros. La competencia entre comunidades en cuanto a la eficacia de la gestión de los servicios públicos es muy importante y sana», opina.

Ahora, cuarenta años después, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de someter el documento a una reforma histórica, pero por el momento sin los mimbres de aquella época, lamentan los 'padres' del Estatuto. «No se puede hacer una reforma sobre la base de un voto en la Junta General. Eso es un trágala y los trágalas son los que han traído los grandes desaguisados de la historia de España», denuncia Sosa Wagner. En su opinión, el Estatuto aún tiene «un margen muy amplio para actuar sobre él» a través de normas de desarrollo. «Vale perfectamente tal y como ésta para avanzar en la dirección que impriman las diferentes fuerzas políticas. Lo que tienen que hacer el Gobierno del Principado y el resto de las fuerzas es ponerse de acuerdo en la redacción de normas. Es ahí donde tienen que escarbar. Los asturianos no van a sentir que se cambie nada porque se reforme el Estatuto, pero sí lo harán si se cambian determinadas leyes», comenta.

Una reflexión con la que coincide Bernardo Fernández, quien invita a los actuales representantes políticos a valorar realmente la necesidad de reformar esta norma evaluando en qué momentos de estos cuarenta años se han registrado dificultades o bloqueos en el funcionamiento de las instituciones, y analizando si para resolver esos conflictos es imprescindible tocar el Estatuto o, simplemente, sirve con el desarrollo de leyes concretas y la ejecución de las mismas. «Modificar el Estatuto no va a alterar la realidad», apunta. «¿No nos gusta el sistema electoral? ¿Hace falta reformar el Estatuto para cambiarlo? Yo creo que no, basta con modificar la ley electoral», comenta a modo de ejemplo el experto, que también subraya la importancia de no modificar la norma sin el mayor de los consensos posibles. «No puede haber una reforma estatutaria sin agotar los medios para alcanzar los acuerdos más amplios posibles», mantiene.

Los 'padres' del Estatuto lamentan la falta de consenso, pero en su mayoría tampoco respaldan la propuesta de reforma planteada por el Gobierno de Adrián Barbón. Recuerda así Bernardo Fernández que hace cuarenta años ya se descartaron los decretos-leyes al entender que un Parlamento como el asturiano podía adoptar medidas legislativas de forma ágil a través de los procedimientos abreviados y de lectura única, sin necesidad de recurrir a este tipo de mecanismos, y plantea ahora la duda de si durante estos años hubiera sido realmente necesario disponer de los mismos. Una herramienta que Casero también ve «innecesaria» para Asturias ya que, en su opinión, debería aplicarse únicamente en cuestiones de extrema urgencia, y «las competencias autonómicas no tienen ese carácter». Mientras que, continúa, atribuir al Presidente la competencia de disolver la Junta General sin la obligatoriedad de repetir los comicios coincidiendo con la fecha que se marca para la mayoría de las comunidades, tal y como figura en el actual Estatuto de Autonomía, podría aumentar «la abstención» en los procesos electorales.

No coincide con esta visión Francisco Bastida. El catedrático cree que con la pandemia se ha comprobado la «importancia» de que el Gobierno regional pueda llegar a tener la competencia de aprobar decretos-leyes, si bien advierte del riesgo de «mal uso o abuso» de los mismos y, frente a la opinión de Casero, entiende que introducir cambios en el Estatuto para que nuestra legislatura no tenga por qué coincidir con la de otras comunidades otorgaría al Principado «una mayor autonomía».

En lo que parece que hay consenso es en relación al asturiano. Ninguno de estos cuatro expertos se muestra favorable a dar este paso. Por la falta de consenso en la Junta, pero también porque consideran que no es una demanda social. «Una lengua tiene que tener respaldo social, no puede ser una decisión política», sentencia Casero. Advierte de que requeriría un «proceso de aprendizaje masivo, no solo en las escuelas», y duda, además, de que el Congreso pudiera llegar a darle luz verde.

«Es una lengua artificial salida de la Academia de la Llingua, una lengua de laboratorio. Me parece muy bien desde un punto de vista de estudio filosófico, pero el hecho de que estudiemos las huellas de dinosaurio no quiere decir que hagamos un parque jurásico», compara Bastida. «La cooficialidad tiene unas consecuencias muy serias que deben valorarse antes de tomar una decisión así y yo me encuentro muy satisfecho con el artículo cuatro tal y como está», resuelve Bernardo Fernández.

Mientras que Sosa Wagner cree que pasar del estudio de la llingua a la cooficialidad «son palabras mayores», e insta al Gobienro regional a dejarse de «proclamas» y presentar un proyecto de ley en el que se ponga negro sobre blanco cuál sería el ámbito específico de esa oficialidad. «Todo lo demás es actuar frívolamente», concluye.