Los cambios previstos por la DGT para 2020 en el examen y el carnet de conducir

Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y automovilísticas están de acuerdo en señalar que el sistema de carné por puntos y de acceso al permiso es el principal elemento a modificar de cara a 2020 en materia de Seguridad Vial.

Dado que España lleva cerca de 8 meses sin Gobierno (después de celebrarse dos convocatorias de elecciones, el 28 de abril y el 10 de noviembre, sin acuerdos de investidura), no se ha aprobado ninguna medida en lo que a Seguridad Vial respecta, aunque la última que se aprobó en 2018 entró en vigor el 29 de enero de este año: la bajada del límite de velocidad en convencionales de 100 a 90 km/h.

No obstante, dado que no se trató de un proyecto de ley del Gobierno, sino de una proposición del PP, sí se aprobó la reforma del Código Penal. Esta modificación endureció las penas por imprudencias al volante al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol, penalizó de nuevo las lesiones causadas por estas conductas, aumentó las penas cuando había varios fallecidos y sancionó el abandono del lugar del accidente.

El 2019 iba a ser un año de modificaciones, pero la paralización política ha obligado a dejar en 'stand by' varias normativas que ya estaban redactadas, listas para su aprobación una vez haya Gobierno. Estas son:

Así, quedarían pendientes para este nuevo año la reforma de la Ley de Tráfico, que preveía aumentar la pérdida de puntos por determinados comportamientos al volante, según el borrador, la DGT pretendía retirar 6 puntos por utilizar el móvil mientras se conduce.

También se queda a la espera de 2020 el real decreto de medidas urbanas de tráfico, documento que contemplaba la reducción de la velocidad en ciudades a 30 km/h para vías de un único carril por sentido de circulación --bajando incluso a lo 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera--.

Se pretenden también definir los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos, segways, hoverboard, etc.), así como sus requisitos para usarlos y normas de circulación. El borrador contemplaba, por ejemplo, su prohibición por vías interurbanas y la necesidad de contar con un Certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos que exige tanto la normativa nacional como la internacional.

Por otro lado, la DGT también quiere aprobar un real decreto que propone cambios en el sistema de formación vial y de exámenes, tanto teóricos como prácticos. Una de las iniciativas más destacadas es la obligatoriedad de asistir a 8 horas de clase teórica y presencial sobre concienciación y sensibilización, una medida que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no vio con buenos ojos, por lo que la DGT está estudiando si seguir adelante con esta propuesta o cambiarla.

Desde PAT-APAT, su presidente, Vicente Sánchez, pone el foco en modificar el sistema en lo que se refiere a conductores reincidentes, de modo que quien haya cometido un delito vial de manera continuada no pueda recuperar sus puntos del carné tan fácilmente. «No se puede esperar, estamos viendo que personas que van bebidas o drogadas matan, y al día siguiente sabemos que siguen conduciendo», lamenta Sánchez, que también quiere que la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados se mantenga en la próxima legislatura y sea «más efectiva».

También desde Asociación DIA se aboga por modificar este sistema. «Pedimos que se le dé una vuelta al carné por puntos, que la obtención se adapte a los nuevos tiempos», reclama el presidente de la entidad, Francisco Canes, que también exige centrarse más en concienciación antes que en formación.

Por su parte, Stop Accidentes incide en otras medidas encaminadas a aumentar la concienciación de la población sobre la siniestralidad en las carreteras, como incluir una asignatura de seguridad vial en los colegios o imponer la obligatoriedad de asistir a clases presenciales para poder obtener el carné, tal y como pretende la DGT.

Igualmente, el RACE considera que para 2020 «hace falta una revisión del carné por puntos», desde modificar el número de puntos a retirar por determinadas sanciones, a revisar el sistema de recuperación de puntos en cursos. «La sociedad ha evolucionado muchísimo en estos 13 años», comenta a Europa Press su director de seguridad vial, Antonio Lucas, en referencia al tiempo que lleva implantado el carné por puntos.

En Automovilistas Europeos Asociados (AEA), su presidente Mario Arnaldo hace hincapié en que es «necesario» aprobar en el próximo año una actualización del carné por puntos, así como aumentar la dotación presupuestaria para mantenimiento de carreteras, aprobar planes dirigidos a establecer una política de renovación del parque automovilístico, implantar la 'conducción acompañada' en España como ya se hace en Francia; e implantar la formación vial como asignatura transversal obligatoria.

También ciclistas, motoristas y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) han dado a conocer qué propuestas quieren ver hechas realidad en este año que viene.

Así, el secretario técnico de la red, Nacho Tomás, que valora los «dos grandes hitos» de seguridad vial ciclista de este 2019 (la Estrategia Estatal de la Bicicleta y el aumento de usuarios de bicicleta en España en los últimos años), apuesta por la reducción de la velocidad máxima en ciudades a 30 km/h, como quiere la DGT.

En cuanto a motoristas, el presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, es claro a la hora de reivindicar algo en 2020: «Sin Gobierno, sin Parlamento, lógicamente no podemos acometer ningún tipo de reforma que implique una reforma de rango de ley, de rango de reglamento, de desarrollo de la ley, etc.; así que el deseo para 2020 es tener un gobierno estable», ha comentado.

También se ha manifestado la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que asegura no estar «muy conforme» con la normativa que prepara la DGT para regular este tipo de vehículos. «Lo que pedimos es que se nos regule de manera similar a la bicicleta», expresa su presidente, Antonio Gómez, que reclama una regulación que les proteja y no restrinja.