Coronavirus | Asturias inicia la «hibernación» con un decreto que lleva a un parón lleno de incertidumbres

Pedro Sánchez se tuvo que emplear ayer a fondo para tratar de atemperar el temor causado en el ámbito económico y en algunas comunidades autónomas como la vasca con su anuncio de la noche anterior de que se obligaría a todos los trabajadores de actividades «no esenciales» a quedarse en casa entre el 30 de marzo y el 9 de abril para reducir aún más la libre circulación de personas y ayudar a contener la expansión del COVID-19. La medida, aprobada este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario, afectará finalmente a menos personas de las que se habrían visto obligadas a parar en caso de un cierre absoluto del grueso de la industria y los servicios.

Las ministras de Hacienda y de Trabajo, María Jesús Montero (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), explicaron al unísono, tras la reunión, que aquellos empleados que ya desempeñen su trabajo de manera telemática como consecuencia del estado de alarma decretado hace dos semanas permanecerán exactamente igual. Dicho de otro modo, que no se podrán acoger al permiso remunerado que, de manera forzosa, habrán de tomarse, a partir de hoy, aquellos que todavía salían de sus casas para desempeñar su profesión. Un permiso con el que después tendrán que compensar a sus empresas con horas de trabajo hasta el 31 de diciembre del modo en el que se negocie.

Tampoco todos los que seguían echándose a la calle cada semana de lunes a viernes tendrán que dejar de hacerlo. El jefe del Ejecutivo ya apuntó el sábado que las actividades a las que se permitió el funcionamiento en el decreto del 15 de marzo son las que se consideran esenciales y eso, según el borrador del texto aprobado ayer, engloba un amplio abanico de sectores.

Seguirán abiertos, pues, los comercios minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad; los establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, las ópticas, las tiendas de productos ortopédicos, de productos higiénicos, kioscos de prensa, gasolineras, estancos, los que venden equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, también los de alimentos para animales de compañía, el comercio por internet, telefónico o correspondencia y las tintorerías y lavanderías. Y se permitirá el servicio de comida a domicilio.

También continuarán trabajando quienes abastecen esos comercios; los que aseguran el mantenimiento de medios de transporte, los trabajadores de centros sanitarios y centros de atención a mayores, las empleadas del hogar y cuidadoras si sus empleadores trabajan en servicios esenciales, las entidades financieras y de seguros, los empleados de la industria electrointensiva, siderúrgica y minera, los de la aeroespacial y de defensa, las gestorías, los que trabajan en telecomunicaciones y un largo etcétera.

Lo anterior no significa que no vaya a haber sectores o empresas muy perjudicados. Por eso, a pesar de que desde muchos territorios se acogió la iniciativa con entusiasmo -y algunos, como el catalán Quim Torra, se sintieron especialmente reivindicados- el presidente del Gobierno se sintió obligado a acotar el impacto económico de este endurecimiento de las medidas de confinamiento. «Aquí -defendió, según fuentes de la reunión, frente a las quejas de, por ejemplo, el lehendakari Iñigo Urkullu o los comentarios del gallego Alberto Núñez Feijóo- no se cierra nada, ninguna actividad económica; lo que hacemos es anticipar unos días los niveles de producción de la Semana Santa».

El jefe del Ejecutivo, que hasta el mismo viernes se mantenía en no implementar, al menos por ahora, medidas más restrictivas de las ya tomadas, pidió además comprensión. «Para mí no es fácil tomar esta decisión -dijo-, pero honestamente no vemos otra para doblegar ya de una vez por todas esta pandemia».

Tanto él como la ministra portavoz insistieron en que fueron los expertos del Comité Científico y el Comité de Gestión Técnico del coronavirus los que recomendaron el sábado dar una vuelta más de tuerca para conseguir que, en los próximos quince días, considerados clave, la movilidad de los ciudadanos caiga a los niveles registrados el pasado fin de semana. De esa manera, confían en ralentizar aún más el ritmo de contagio del COVID-19 y evitar el colapso de las UCI, que en comunidades como Madrid o Cataluña se encuentran ya al límite. La ministra aseguró, en todo caso, que la nueva medida no corresponde a que este fin de semana se haya producido «una situación de alarma añadida» en lo sanitario.

Sánchez y Montero, cada uno con un lenguaje, también subrayaron que siguen considerando fundamental que la industria no pare en seco. La ministra habló de una economía «en hibernación» y el presidente del Gobierno remarcó, para aquellos que aún creen que se podría haber ido más lejos, que «hay que mantener un mínimo de pulsión económica para cuando venga la recuperación». «Tomaremos medidas para que cuando todo esto pase podamos resucitar y reconstruir nuestro modelo productivo. El sector empresarial sabe la gran capacidad de liquidez que hemos puesto en marcha para ellos, con un riesgo del 80% avalado por el Estado», añadió, además, la titular de Hacienda.

Con otro tono bien distinto, menos conciliador, Yolanda Díaz, avisó frente a las críticas de la CEOE. «No vamos a aceptar presiones de ningún tipo. Estamos defendiendo el interés general y no hay mejor manera de defenderlo que cumplir con este mandato»

El Gobierno confía en que la UE contribuya también a esa tarea, pese a las tensiones evidenciadas en el último Consejo Europeo con países del norte como Holanda. Sánchez admitió ante los presidentes autonómicos que ve difícil que se puedan emitir eurobonos que mutualicen la deuda, como piden España, Italia y Francia, pero no descartó que active algún mecanismo de asistencia financiera no condicionada.