La variante, el peaje, la industria... así son los presupuestos que recibe Asturias

La regionalización de las inversiones se divide en dos partidas, las de presupuesto limitativo y estimativo. El primero es el que incluye al Estado, los organismos autónomos y entidades del sector público estatal. Esta partida es de 139 millones. En el desglose por ministerios se observan dos modificaciones significativas respecto a las cuentas de 2021. Por un lado, desciende la partida del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque sigue siendo que de mayor cuantía pasa de 112 millones a 96. Por contra, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico casi duplica las cifras, de 17 a 31 millones.

En pleno debate sobre la reclamación de las competencias sobre las cuencas fluviales por parte del Principado, tal y como permite el Estatuto de Autonomía, se actualiza la cifra sobre lo que costaría, y el dinero que habría que exigir al Estado en caso de traspasar esa competencia. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico tiene un presupuesto, solo para Asturias, de 4,8 millones; la Dirección General del Agua, que incluye, por ejemplo, el plan de seguridad de presas, las tareas de saneamiento y depuración o los programas de seguimiento de las masas de agua duplica su presupuesto, de 11 a 24 millones de inversión.

En la otra cara de la moneda se quedan los ministerios de Defensa y Cultura, con simbólicas partidas asignadas. El primero, de 2,39 millones, lejos de los 13,17 de hace un año. El de Cultura se gastará el dinero, 600.000 euros, en el cumplimiento del convenio con el Principado de Asturias para la conservación y restauración del Prerrománico.

Pero el grueso de esos 393 millones está en los presupuestos de carácter estimativo. Estos son los que engloban, por ejemplo, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios y las entidades públicas empresariales. Solo las inversiones ferroviarias se llevan prácticamente la mitad de las partidas del Gobierno central para Asturias. Los proyectos de Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe para la región -algunos compartidos con otras comunidades autónomas- suman 172,6 millones. Las inversiones en carreteras superan los 30 millones, siendo las de la A-63 en el tramo Cornellana-Salas, y el tercer carril en la A-66, dos de las que más dinero se llevan. La dotación para infraestructuras portuarias crece un 20%, de 25 a 30 millones. También hay un capítulo específico para las bonificaciones de los peajes, en el que el Principado amarra un incremento del 50% en relación a las cuentas del año pasado. Todos los números, pendientes, eso sí, de que las cuentas superen el trámite parlamentario que arranca ahora en el Congreso.

El sistema de financiación de Asturias, como el resto de comunidades autónomas de régimen común, integra la capacidad tributaria, el Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia. En este, la región ha salido bien parada. Recibirá 217,87 millones, un 17,3% más que en los presupuestos de 2021. De esta manera, Asturias recibe el 4,5% del total nacional en una clasificación que encabeza Cataluña, que se tiene asignados 1.026,9 millones de euros, un aumento del 38%, y cifra que supone el 21,1% del total.

Además, las cuentas anuales también contemplan un Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de desarrollo regional destinando a corregir los desequilibrios económicos entre territorios haciendo efectivo el principio de solidaridad. Por este, Asturias también recibirá más dinero que hace un año, aunque en un incremento prácticamente simbólico. El importe pasará de 13,93 millones a 14,11, un 1,3% más.

El otro concepto que viene recogido en el proyecto y que viene a satisfacer una de las reivindicaciones del Principado -llevada a los tribunales- es la liquidación del IVA. El Ejecutivo central ha previsto para 2022 una dotación de 7.000 millones que irá destinado a cubrir esa liquidaciones negativas de 2020 y para la devolución del IVA de 2017 tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a reembolsar este dinero. En el caso de Asturias, asciende a 86 millones.

«Es inaceptable que Galicia tenga bonificaciones y nosotros no», le espetó Adrián Barbón a Pedro Sánchez durante su visita a la región, en referencia al peaje del Huerna. El proyecto de presupuestos para 2022 puso ayer cifra a esa queja del presidente asturiano. La cuantía para bonificar el peaje a los turismos sube de 1,8 a 3,2 millones; la de vehículos pesados lo hace de 4,3 a 5,9. En total: de los seis millones con los que subvencionó en 2021 ese pago por usar la AP-66 entre León y Campomanes se pasa 9,1 millones, un 50% más.

Por ese lado, el Principado podrá decir que su voz ha sido escuchada en Moncloa. Por otro, y atendiendo a esa situación discriminatoria que se denunciaba, la comparativa no pinta tan favorable. El Ejecutivo central ha confirmado en las cuentas para el año que viene lo que ya había anunciado en verano: 55 millones para bonificar la AP-9. La gallega tiene la concesión hasta 2048 y la de la asturleonesa no concluirá hasta 2050. Eso siempre y cuando no prospere la advertencia de la Comisión Europea que declara ilegal la concesión gallega. Podemos ha iniciado la batalla para que se llegue a ese misma conclusión en el caso del Huerna.

Por lo pronto, los 9,1 millones con los que se subvencionará el peaje asturleonés ya forman parte del presupuesto. Queda pendiente de qué forma se usan. En esto la última palabra la tendrá el Ministerio de Transportes, pero tal y como explicaba el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, en una entrevista el pasado domingo en EL COMERCIO, el Principado está analizando posibles opciones para llevar esos descuentos a la práctica. «Hay que hacerlo de la forma más ventajosa para la realidad de los tráficos que hay, no se trata de hacer lo mismo que Galicia, sino de alcanzar los mismos objetivos», apuntaba el consejero.

Uno de los capítulos que este año tiene una inversión más baja que en los precedentes es la referente a la variante de Pajares. De los 17 millones de 2021 a 864.000 euros. Esto se debe a que los trabajos están prácticamente concluidos. «Parece que se culmina la inversión ferroviaria más importante de España», señaló Adrián Barbón en una entrevista en Onda Cero. Además, los corredores TEN-T sí logran un salto cuantitativo importante: de 17 a 26 millones.

En plena escalada del precio de la electricidad y de los derechos de emisión del CO2, que están afectando seriamente a la competitividad de la gran industria, el apoyo a las electrointensivas por parte del Estado seguirá sin llegar a los límites que fija la Unión Europea. Los 179 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para compensar los costes indirectos del CO2 en 2022 se quedan muy lejos del límite que fija Bruselas y al que llegan países como Francia o Alemania. Se trata de un 25% de lo que se recauda mediante este sistema, porcentaje que recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, lo que permitiría elevar la cifra hasta cerca de 300 millones de euros. Las cuentas públicas incluyen, por otro lado, 91 millones para el estatuto de las electrointensivas, una cuantía similar a la aprobada este año y que el sector ve muy escasa.

Las partidas destinadas a industria y energía se elevan en total hasta 11.316 millones de euros, de los que 5.477 pertenecen al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 5.839 al presupuesto en sí mismo, un 5,1% más que en 2021. Entre ellas se incluyen los 650 del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que sustituyó al programa Reindus. También se destinarán 94 millones al programa de incentivos regionales a la localización industrial y 157 millones al bono social térmico para paliar la pobreza energética.

Por otro lado, la contribución presupuestaria al equilibrio financiero del sistema eléctrico supondrá 3.695 millones de euros, aunque se prevé que el esquema se modifique con la entrada en vigor del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Además, se dedicarán 2.876 millones del MRR a la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, y para convenios de transición justa en zonas de transición energética.

En concreto, para la reactivación de las comarcas mineras, el nuevo Instituto para la Transición Justa contará con 297 millones, 110 procedentes del MRR. En la suma total de este mecanismo se incluyen también 550 destinados a desarrollar el hidrógeno, 630 a potenciar las renovables, 351 a la promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, 445 para el plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga y el fomento del coche eléctrico y 350 millones a la rehabilitación de edificios.

Fuera de estas partidas, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se detalla una inversión de 24,7 millones de euros para la hibridación de la central térmica de La Pereda, de Hunosa, iniciativa que ya tiene consignados 16,4 millones en este 2021. Los trabajos para que pueda funcionar no solo con carbón, sino también con biomasa, se han retrasado por el coronavirus, pero se espera que comiencen a principios del año que viene y se concluirían con estas inversiones. Además, se plantea también destinar 82.000 euros para que la hullera pública inicie la construcción de una central de hidrógeno, proyecto que ascendería a dos millones de euros y que se completaría en 2023. Se complementaría con una planta fotovoltaica en el entorno de la escombrera de Pumardongo, para la que las cuentas de 2022 consignan 100.000 euros, pero que requerirá 2,9 millones en 2023. En conjunto, los presupuestos de Hunosa prevén 30 millones de euros de ingresos y 58 de pérdidas antes de impuestos.