El Tribunal de Cuentas detecta «irregularidades» en las ayudas al geriátrico de Felechosa

El proyecto de construcción de la residencia de mayores de Felechosa (Aller) y propiedad del Montepío de la Minería tiene un apartado propio en el informe del Tribunal de Cuentas respecto a la fiscalización de las ayudas destinadas a la reactivación de las cuencas mineras. Respecto a este equipamiento, el organismo fiscalizador indica que «no se elaboró» estudio alguno que hubiera justificado la «oportunidad o necesidad» de destinar subvención alguna a una infraestructura de estas características «frente a otras alternativas que pudiera existir».

De hecho, continúa el Tribunal, la selección de la empresa que acometió las obras, Alcedo de los Caballeros, tuvo lugar «nueve meses antes» de que se firmara el convenio de concesión de la subvención, procedente de los fondos mineros. Y, además, «dicho procedimiento no cumplió ninguno de los requisitos» que, como recuerda el organismo fiscalizador en su informe, están fijados por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

El Tribunal de Cuentas argumenta que el citado convenio fue firmado con una entidad -en este caso el Montepío de la Minería- que tenía «vedada» la actividad objeto de la subvención, por su condición, precisamente, de mutualidad. Además, añade en el informe, recuerda que el inicio de las obras de construcción de la residencia fue en mayo de 2009, cuatro años de que el beneficiario de las subvenciones ostentara la titularidad de los terrenos donde se construyó.

Además, sostiene que la obra carecía de la pertinente licencia en el momento del arranque de los trabajos, «por lo que se incumplieron las normas de edificación y urbanísticas».

En este punto, el Tribunal de Cuentas recuerda en su informe que ayer se hizo público que el suelo donde está ubicado el geriátrico tenía en el momento en el que se iniciaron las obras la calificación urbanística de «rural de uso agropecuario», lo cual impedía iniciar cualquier construcción ajena a este uso. Detecta también el Tribunal de Cuentas en la justificación de la subvención. El organismo afirma que fueron aportadas facturas dirigidas a la Residencia S.L., una sociedad instrumental constituida por parte del Montepío, que «no fueron admitidas como justificación». También ha hallado gastos que se devengaron en otras residencias del Montepío y que formaban parte «indebidamente de los importes incluidos en la justificación».

Concluye el informe afirmando que el sobrecoste de la obra -costó 18 millones de euros más que los presupuestados inicialmente- fue, en comparación con otras infraestructuras promovidas por entidades públicas, hasta un 61% superior en esta obra. También hace referencia a un informe pericial elaborado por el Ministerio de Hacienda que refleja que la ejecución de la obra de la residencia geriátrica de Felechosa obtuvo un porcentaje de gasto y beneficio del 51%, frente al 20% que marca la legislación de contrataciones públicas.

Cabe recordar que la construcción de este equipamiento está en el centro de la investigación del llamado 'caso Hulla', donde, entre otros, están siendo investigados por presuntos delitos de desvío de subvenciones públicas, el ex secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa; el expresidente del montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y el propietario de Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, la empresa a la que se le adjudicó la obra.

El informe del Tribunal de Cuentas no solo pone en cuestión la gestión de las ayudas públicas destinadas a sufragar la residencia geriátrica, donde ha detectado «irregularidades» en la tramitación, ejecución y justificación del proyecto. También pone en entredicho los mecanismos de control de las subvenciones con cargo al Plan del Carbón 2006-2017 y al Marco de Actuación 2013-2018.

Concluye que ninguna de las ayudas se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones; el marco regulador de las mismas «era ambiguo y escasamente riguroso»; la selección de los proyectos «no comportaba ningún examen de viabilidad» y la justificación de las ayudas «era escasamente preciso».