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Jueves, 14 de noviembre 2019, 01:38
Maratoniana. Así puede describirse la jornada de ayer en la que estaba previsto que siete testigos del 'caso Hulla' comparecieran en el juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, así como tres peritos. Al final, únicamente testificaron tres personas por la mañana y dos por ... la tarde. El resto pasarán hoy por el juzgado.
La primera en declarar fue Estefanía Rodríguez, excontable de Alcedo de los Caballeros, la constructora a la que elAyuntamiento de Aller adjudicó la obra del geriátrico de Felechosa. Su comparecencia duró más de tres horas y, según fuentes judiciales, en ella reconoció que la obra «ya estaba dada». Ella era la encargada de la redacción de la propuesta con la que concurrirían al concurso. Según declaró, el arquitecto e investigado en este caso, Manuel Sastre, y miembro del comité técnico que tenía que dar la puntuación a las distintas propuestas, le enviaba por correo electrónico las de otras empresas con el objetivo de que ajustara la suya y así para mejorarla. Así, Estefanía Rodríguez reconoció que la obra estaba dada a su empresa desde antes del concurso.
Por la mañana también testificó Nelson dos Anjos, socio de Riberastur.La jueza investiga la vinculación de varias facturas correspondientes a obras supuestamente realizadas en Murcia y en el geriátrico.El declarante se encuentra en prisión por ser el asesino confeso de Iván Castro, quien murió tiroteado en diciembre de 2017 en un garaje de La Felguera.
Asimismo, testificó por videoconferencia desde Jaca Noelia de Lucas Álvarez, ex interventora del Ayuntamiento de Aller. De Lucas fue quien emitió los reparos a la cesión de la finca en la que se construyó el geriátrico. Según el reglamento de Bienes de Entidades Locales únicamente se puede ceder una finca pública a una entidad privada si esta no tiene ánimo de lucro y que tenga interés social. La interventora declaró que esos requisitos en el Montepío «no se cumplían» porque si bien no tiene ánimo de lucro, no se puede entender que tenga interés social, al defender los intereses de sus socios.
Finalmente, por la tarde, testificaron Víctor Fernández Vadeolmillos y el exgerente del IRMC, Juan Miguel Benítez, quien reiteró su declaración ante la UCO durante más de una hora. Según explicó el abogado Alberto Suárez de Ocan, Benítez manifestó que únicamente el Real Decreto se pudo modificar «por el interés que había desde el consejo de ministros de Zapatero y el ministro de Industria, que era Miguel Sebastián». La modificación del Real Decreto supuso que el Montepío obtuviese una subvención de 30 millones de euros para llevar a cabo la construcción del geriátrico en Felechosa.
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