Anticorrupción pide que el TSJA investigue por prevaricación a Mallada por el 'caso Hulla'

Los fiscales Ignacio Stampa y Carmen María García Cerdá, que encontraron numerosas irregularidades en relación a esta residencia tras tirar de la cuerda del enriquecimiento presuntamente ilícito de José Ángel Fernández Villa, entienden que existen «sólidos indicios de criminalidad» en la actuación de la ahora diputada autonómica durante su etapa como concejal de Aller que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Motivo por el que instan al juzgado número 3 de Oviedo que eleve exposición razonada al TSJA para su instrucción dada su condición de aforada. Para preservar la unidad de la causa, el ministerio público entiende que junto a ella deben ser investigados en este mismo tribunal todos los miembros de la corporación municipal que aprobaron de forma unánime los citados trámites en relación a los terrenos, así como quien fuera en aquel momento presidente del Montepío, José Antonio Postigo, por haber «influido decisivamente» en las acciones municipales.

Este requerimiento del ministerio público llega una vez escuchadas las declaraciones en calidad de investigados del resto de los miembros de la corporación municipal de Aller, y de varios técnicos municipales en calidad de testigos, entre los días 11 y 14 de noviembre. De aquellas comparecencias, en las que se excluyó a Mallada por su aforamiento, fiscalía interpreta que todos los concejales «con independencia del grupo municipal al que pertenecieran» decidieron aprobar todos los trámites que fueran necesarios para que aquella construcción se levantara en el concejo «con independencia de los impedimentos jurídicos que hubiera y de las advertencias en contra que se les hiciera».

El documento suscrito por los fiscales recoge incluso distintos argumentos esgrimidos por los diferentes concejales defendiendo su actuación por el beneficio que, consideraron, el equipamiento geriátrico iba a generar en el concejo, y restando importancia a los informes negativos que existían y que algunos ediles atribuyen a un «excesivo celo» de los técnicos.

Anticorrupción entiende que la «participación activa» de Teresa Mallada en estos hechos «no solo consta documentada en las actas votando a favor», sino que se desprende de las declaraciones judiciales de los concejales de su propio grupo político, el PP, que «destacaron su papel de liderazgo e iniciativa» como portavoz municipal. Además, añade el escrito, la ahora parlamentaria formaba parte de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras lo que, a juicio de Anticorrupción, la coloca en una «situación privilegiada» para tener conocimiento de los problemas urbanísticos existentes.

Los fiscales advierten también de que Teresa Mallada y el resto de los concejales «obviaron inmotivadamente los informes desfavorables» elaborados por «los funcionarios más cualificados de la corporación», levantando sus salvedades «por unanimidad y amparándose en un supuesto informe externo que lo avalaba», y que la Fiscalía define como «imaginario», ya que «ningún concejal lo vio ni supo explicar autoría, ni si era de naturaleza económica, jurídica, u otra». «La patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley», concluye la fiscalía en un extenso escrito de 46 páginas.