Teresa Mallada «desliga clarísimamente» el 'caso Hulla' del acuerdo plenario de Aller

«Los concejales del PP estábamos en la oposición y esa cesión habría salido adelante si votamos una cosa o si votamos otra porque el PSOE gobernaba con mayoría absoluta», ha señalado Mallada unas declaraciones a los periodistas en las que «desliga clarísimamente» el 'caso Hulla' del acuerdo plenario de Aller . La portavoz popular se ha expresado así después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido al juez que instruye el caso Hulla que traslade la causa abierta a todos los miembros de la corporación de Aller por los trámites aprobados para la construcción de la residencia La Minería al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada su condición de aforada.

De esta forma, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo deberá decidir ahora si eleva la causa al TSJA para que dicho órgano pueda tomar declaración a Mallada, la única de los concejales y técnicos de la corporación allerana investigados de la que no se ha tomado testimonio al ser diputada autonómica. Para Mallada, al margen de la decisión que adopte finamente la jueza, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción «desliga clarísimamente» el presunto enriquecimiento ilícito obtenido por los principales encausados -el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo- «del hecho administrativo» aprobado por unanimidad en el pleno para ceder los terrenos.

La Fiscalía recuerda que, hasta el pasado mes de noviembre, no se han practicado diligencias de instrucción relacionadas con la participación «directa» de Mallada, pero estima que, a raíz de las declaraciones que han prestado ante la juez instructora otros investigados y testigos, sí puede afirmar que existen «los elementos suficientes» para que la juez acuerde su falta de competencia objetiva y eleve la exposición razonada al TSJA. Anticorrupción inició esta investigación después de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

El Montepío eligió el concejo de Aller, donde figuraba como concejal Mallada, «con la anuencia» de los responsables municipales, según relata la Fiscalía, pese a que todos los ediles conocían desde 2008 los planes para su explotación futura como hotel con fines lucrativos. La Fiscalía sostiene que en el Montepío tenían «la plena seguridad» de que desde el ayuntamiento no se pondría obstáculo alguno al desarrollo del proyecto, pese a que los terrenos elegidos para construir la residencia, por la normativa urbanística, no los hacía aptos al calificarlos como suelo no urbanizable y de interés agropecuario.

Anticorrupción recuerda en su escrito que el pleno aprobó por mayoría absoluta la cesión gratuita de la finca al Montepío, en 2009, de forma unánime pese a que la secretaria general informó desfavorablemente. La Fiscalía solicita que la investigación se extienda a la corporación que estaba integrada por siete concejales del PSOE -que gobernaba el ayuntamiento-, otros siete del PP, y los tres concejales con que contaba IU, así como al propio José Antonio Postigo.