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A. M.
OVIEDO.
Miércoles, 18 de diciembre 2019, 03:02
La portavoz del PP asturiano, Teresa Mallada, quiso ayer incidir en que la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Aller al Montepío de la Minería para la construcción de la residencia de ancianos habría salido adelante con o sin el apoyo de ... su partido. «La cesión habría salido adelante si votamos una cosa o si votamos otra», respondió en una breve comparecencia ante los medios tras conocerse el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Un argumento, el de que el voto de su grupo municipal no habría sido «decisivo» para sacar adelante el polémico acuerdo plenario, que la representación procesal de la parlamentaria ya habría planteado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo en su petición de sobreseimiento de la causa y que, en auto del pasado 1 de abril, desestimó la magistrada.
En cualquier caso, la defensa de Teresa Mallada ve positivo que, como consecuencia de su condición de aforada, la investigación relacionada con la diputada y vinculada expresamente a los acuerdos municipales para la compra, recalificación y cesión de los terrenos en los que se levantó el geriátrico, pueda instruirse directamente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, en la práctica, de forma desligada al resto del 'caso Hulla'. De hecho, en opinión de Teresa Mallada, el escrito del fiscal «desliga clarísimamente» el acuerdo plenario con el resto del 'caso Hulla'. Un caso destapado por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la investigación de la fortuna oculta del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y que derivó en una trama de corrupción con focos puestos tanto en la subvención recibida por el Montepío de la Minería para la construcción de este equipamiento, como en la adjudicación y ejecución de las obras, así como en las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Aller en relación a los terrenos.
El informe de Anticorrupción conocido ayer ahonda en esta última cuestión y recuerda que «los miembros de un órgano colegiado no pueden limitarse a votar, sino que su obligación es la de cerciorarse de que aquellas decisiones que tomen se ajusten a la legalidad».
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