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Desde que Naval Gijón se disolvió en 2009 se tardó mucho en tener claro cuál iba a ser el destino de la superficie que ... ocupaba el último astillero surgido en El Natahoyo, donde la construcción naval de la ciudad llegó a contar con más de 4.000 puestos de trabajo, entre los astilleros y sus industrias auxiliares en los años de bonanza. Naval Gijón se constituyó en 1985, aunque era heredero de la primera compañía que se dedicó a la construcción naval en la ciudad, la fábrica de maquinaria, fundición y calderería de Anselmo Cifuentes Díaz, que en 1888 se trasladó al Natahoyo, bajo el nombre de Cifuentes, Stoldtz y Cía. Esta fue el germen del Dique de Duro Felguera y posteriormente de Naval Gijón.
El astillero cesó su actividad en 2009. Había entrado en barrena cuando un armador estadounidense canceló el pedido de un quimiquiero, al negarse la dirección a rebajar el precio por la demora en su entrega. Pero años antes de su cierre, le dio tiempo a construir los mayores barcos que se hayan hecho jamás en la bahía gijonesa: los quimiqueros 'Siri Knutsen', en el año 2004, y 'Gijón Knutsen', en el 2006, con más de 35.000 toneladas de peso muerto.
En 2005, Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) se había hecho con la propiedad de 20.537 metros cuadrados después de aminorar en 38 millones de euros la deuda que mantenía con la sociedad el astillero gijonés.
Cuatro años después del cierre, en 2012, cuando Emilio Menéndez (quien tramitó la declaración de innecesariedad de los terrenos) abandonó la presidencia de El Musel y fue relevado por Rosa Aza, se hizo el primer planteamiento para vender esta parcela. En aquel momento, se calculó que los terrenos podrían ser enajenados entre 2013 y 2015, y se calculó un precio de cinco millones de euros.
Con distintos planes para desarrollar la zona por parte del Ayuntamiento, en función del color del gobierno local, con la alternancia entre la forista Carmen Moriyón y la socialista Ana González, el camino para llegar a la situación actual, en la que el Ayuntamiento gobernado por Foro y PP ya es el propietario mayoritario del ámbito, pendiente de la cesión de la franja litoral que ahora el Puerto quiere revocar y con Pymar estudiando una oferta de dos millones por sus terrenos.
Hubo una lucha protagonizada por quince prejubilados de Naval Gijón, con Juan Manuel Martínez Morala al frente, que pleitearon durante años con Pymar para que esos terrenos no fueran objeto de especulación urbanística y se construyeran edificios residenciales. Pymar acudió a los tribunales para cambiar la ficha del PGO, buscando que se autorizase la construcción residencial a gran escala en esos terrenos para elevar el valor de venta del suelo. Finalmente, el TSJA despejó en 2023 su conversión en parque empresarial.
Ahora, el choque es entre el Ayuntamiento y el Puerto por ver quién urbaniza el paseo litoral de la zona, algo que el gobierno local tenía previsto hacer en septiembre, con 600.000 euros reservados en el presupuesto. La nueva presidenta de El Musel quiere mantener la propiedad de esa franja comprometida en la operación de compra venta y urbanizarla para actuar sobre la lámina de agua. El Ayuntamiento ya ha hecho llegar al Puerto el informe de la secretaría municipal que considera un incumplimiento de contrato no completar esa cesión. La pelota está ahora en el tejado de El Musel.
«A la ciudad no le preocupa quién desarrolla el paseo, sino que se haga y no se convierta en un espacio inacabado más», señaló ayer la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, después de la comparecencia de la alcaldesa para pedir al Puerto que ceda la franja litoral de Naval Azul. «De qué administración dependa el proyecto es una cuestión menor que no va más allá de una discrepancia jurídica que debe tener una pronta resolución», señaló. Suárez también espera que «el Puerto analice el informe y tome la decisión a la mayor brevedad». Desde IU, Javier Suárez Llana pidió al Ayuntamiento que «no ponga palos en la rueda» después de tantos años de reclamar al Puerto «que deje de dar la espalda a la ciudad».
«Que se clarifique legalmente lo que haya que clarificar, pero que la Autoridad Portuaria muestre su disposición a actuar e invertir en suelo que es de su propiedad no solo es razonable sino también una buena noticia», afirmó. También pidió al gobierno local que «deje de utilizar el ayuntamiento para enfrentar la ciudad a otras administraciones».
Manuel Cañete, presidente de la FAV, al que ya no sorprende «un enfrentamiento más en temas de trascendencia para la ciudad», sí criticó que «hace cuatro días se compraron unos terrenos y había un acuerdo entre tres administraciones que ahora no se cumple». Considera que la alcaldesa debe convocar «ya» al Consejo Social «para informar de todo lo que está sucediendo con el plan de vías y el Puerto». También animó a Nieves Roqueñí a pronunciarse sobre los accesos a El Musel. «Es su responsabilidad y todavía no hemos oído nada», dijo.
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