Carmen Moriyón: «La implicación del Puerto con el desarrollo de Gijón no puede llevarse a cabo en contra de la ley»

«Valoré muy positivamente la implicación del Puerto con el desarrollo de la ciudad pero, y así lo manifesté en el seno del consejo de administración, no puede llevarse a cabo yendo contra la ley o contra los acuerdos y los contratos firmados», afirmó tajante la alcaldesa este sábado por la mañana, en una rueda de prensa convocada de urgencia después de que EL COMERCIO desvelara que este viernes se produjo una reunión en el Ayuntamiento entre responsables del Puerto de Gijón y del Consistorio para avanzar en dicho asunto.

Se trata de la primera comparecencia pública de Carmen Moriyón, que compareció junto a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega (PP), y con el concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno, Jesús Martínez Salvador (Foro), para hablar de este asunto. Desde el Ayuntamiento, se insiste, a tenor de las conclusiones de los técnicos, que pretender modificar la cesión de los terrenos acordada con el anterior presidente del Puerto, Laureano Lourido, no se ajustaría a lo acordado y firmado ante notario.

Carmen Moriyón, a la vista del informe municipal, propone a la Autoridad Portuaria que se integre en una comisión de trabajo para abordar la implicación de la Autoridad Portuaria en las mejoras de la franja litoral, menos en los 417 metros de 9 metros de ancho, comprometidos para su cesión gratuita en la operación de compra venta por la que el Ayuntamiento pagó 4,6 millones de euros por hacerse con los terrenos de los antiguos astilleros. «Ofrecemos al Puerto la creación de esta comisión para que actúe de forma integral en los dos kilómetros y medio restantes, donde no existe ningún problema jurídico y donde se podría haber materializado ese nuevo giro que la Autoridad Portuaria quiere dar en su relación con la ciudad», explicó la alcaldesa, que también aprovechó para anunciar que en el seno de esa comisión, «iríamos un paso más allá y le solicitaríamos la cesión de las antiguas instalaciones deportivas que la Autoridad Portuaria tiene en Jove». «Podríamos abordar la reforma de esas instalaciones y dar respuesta a una reclamación histórica de los clubes deportivos de la zona oeste», añadió.

La alcaldesa se mostró convencida de que el Puerto cumplirá lo firmado y por tanto no habrá retrasos en su compromiso de urbanizar el paseo litoral de Naval Gijón en septiembre. «Entraremos a adecuar el ámbito cuando finalice la Semana Negra, porque para este Gobierno es una prioridad que los gijoneses puedan disfrutar de esa zona mientras se desarrollan los trámites del plan especial», explicó. Preguntada por EL COMERCIO sobre el escenario que se abriría con una negativa del Puerto a culminar la cesión de la franja pendiente, Carmen Moriyón aseguró que «no barajo esa posibilidad». «No tengo motivo para pensarlo porque la presidenta de la Autoridad Portuaria está firmemente comprometida en dar un giro importantísimo a la relación puerto-ciudad, por lo que sería incomprensible que empezáramos por romper lo firmado y lo acordado y eso yo no lo creo», argumentó.

«Nosotros hemos cumplido nuestra parte y hemos entregado un cheque aquí de manera pública a la Autoridad Portuaria. Ahora queremos que se cumpla la otra parte del contrato. Es lo suyo», expresó Carmen Moriyón.

La alcaldesa no quiso entrar en las lecturas políticas derivadas tras la llegada de la exconsejera del Gobierno regional Nieves Roqueñí a El Musel y su intención de revocar la cesión de esos terrenos. «La obligación del alcalde o alcaldesa de Gijón es trabajar con lealtad con la Autoridad Portuaria, con el órgano y la persona que lo represente en cada momento, así que en modo alguno quiero ver detrás de todo esto ninguna maniobra política», aseguró. «Nunca sentí que hubiera una interferencia», añadió.

Moriyón puso fecha a la llegada del expediente con el visto bueno de Patrimonio del Estado a la cesión de los terrenos pendientes, con lo que culminaba el expediente y, por tanto, el momento en el que la Autoridad Portuaria ya podía formalizar la entrega de esa franja al Ayuntamiento. «Los expedientes de compra-venta y el de cesión se tramitaron a la par, pero llegó primero el de la compra y por eso hicimos el acto público, mientras del otro solo quedaba el último informe», dijo. «El 12 de febrero llega el informe favorable de Patrimonio del Estado, que es vinculante», comentó sin querer valorar por qué desde entonces no se dio finalización al trámite.