Gijón se suma al centenar de municipios que han suspendido los toros desde 1989

Gijón se acaba de sumar a un listado con 99 entradas, el de las localidades españolas que no quieren toros, según los datos del Comité Anti Tauromaquia de Holanda (Comité Antistierenvechten-CAS), actualizado hasta 2015, y recogido por AnimaNaturalis. Dos tercios de ellas son catalanas. La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, movió ficha el miércoles tras la lidia en la feria de Begoña de dos astados de nombre 'Feminista' y 'Nigeriano', lo que consideró denigrante y ofensivo.

«Ninguna de estas ciudades tiene la capacidad legal para declararse antitaurina o prohibir los toros. Eso es, hoy por hoy, ilegal», asegura Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia. «Cuando la alcaldesa de Gijón dice que va a prohibir los toros en su ciudad, está haciendo algo ilegal e imposible. Según la jurisprudencia, ninguna autoridad municipal o autonómica puede dejar de proteger una manifestación cultural legal, como el teatro, el cine o los toros», apunta Apaolaza. «Tampoco puede declararse antiteatro, antitrap, anti-C. Tangana o antidesnudos en la pintura», agrega. «Otra cosa es que los ayuntamientos decidan no programar toros, dedicar su recursos a otras actividades, y no conceder o renovar concesiones, como ocurrirá en Gijón. Pero no pueden prohibir los toros», insiste Apaolaza.

«Mientras no se modifique la legislación, los toros no se pueden prohibir», coincide Laura Duarte, presidenta de Pacma, el partido animalista. Celebra, con todo, la decisión de la alcaldesa de Gijón, «que podría cambiar si gobierna otro partido», pero lamenta que «no tenga nada que ver con la protección de los animales». «Ningún consistorio puede prohibir las corridas sin modificar el Reglamento Taurino y las declaraciones de la tauromaquia como BIC», admite con pesar.

En 1991, tras una década sin toros, la ley canaria de Protección de Animales descartó los espectáculos sangrientos con animales, entre ellos las corridas de toros, si bien permitió las peleas de gallos. En 2004 Barcelona fue la primera gran ciudad española en proclamarse antitaurina. Cataluña prohibiría las corridas en 2012, pero el Tribunal Constitucional anuló la prohibición en 2016 al entender que invadía competencias estatales por estar ya consideradas las corridas de toros patrimonio cultural de toda España. El Parlament sí protege los 'correbous', festejos taurinos muy arraigados en los que no muere la res. El Constitucional anuló también los artículos de la ley balear de toros que prohibían picar, banderillear y matar a las reses en las corridas.