Una interpelación del Partido Popular y una pregunta de Foro Asturias a la consejera de Salud, en el primer pleno de la Junta General del nuevo periodo de sesiones, celebrado ayer, por la rescisión unilateral del contrato de ampliación del Hospital de Cabueñes ... solo sirvieron para que la consejera, Concepción Saavedra, volviera a defender punto por punto la actuación de su departamento, siguiendo el guion empleado desde el anuncio de la paralización de las obras. Nada de asunción de responsabilidades, como pedían PP y Foro, e insistencia en la «oportunidad» que supone la redacción de un nuevo proyecto para contar «con un hospital de futuro para Gijón». Sobre los plazos, Saavedra insistió en que será en primavera cuando se pueda encargar un nuevo proyecto a la empresa pública Tragsatec para que las obras puedan comenzar «el próximo año».
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«Estamos esperando las alegaciones por parte de la constructora, tienen unos días para ello, y luego seguiremos el proceso administrativo de restricción. Ahora estamos centrados en el cierre de las obras y elaborando toda la documentación que será la base de la nueva contratación. Y todo este proceso queremos finalizarlo a lo largo de la primavera para luego, junto con Tragsatec, encargar un proyecto más ambicioso», explicó ayer Saavedra en sede parlamentaria.
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Daniel Fernández
Con los argumentos de que la decisión fue «inevitable» por «el incumplimiento de plazos de la adjudicataria» (la UTE formada por FCC y Constructora Los Álamos) y sus pretensiones económicas «muy distantes con el marco normativo y la legalidad», Saavedra aseguró que el proceso de licitación fue «impecable» desde el punto de vista administrativo, ante las críticas de la diputada popular Pilar Fernández Pardo. Tras recordar que la primera licitación en 2021 quedó desierta, Pardo incidió en que «la segunda en 2022 nació con muchas deficiencias, con muchas carencias, empezando por la adjudicación con un precio que era un 35% por debajo del estipulado». «Estaba claro que, con esos precios, la UTE no podía llevar este tema a buen puerto», añadió.
La portavoz popular de Sanidad en la Junta también afeó a la consejera que «la Sindicatura de Cuentas, en su informe de 2024, ya puso que desde el año 2022 todo podía lleva a incidencias, irregularidades e incluso había informes de los servicios jurídicos que decían que muchos elementos podrían llegar a la anulación del contrato y usted se limitó a asumir esas incidencias, pero no a corregirlas».
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Saavedra replicó a Fernández Pardo que «se hicieron controles constantes y cada quince días se visitaba la obra». «Atendiendo a los informes que emitían los técnicos, el 6 de febrero de 2024 se inició el expediente de la primera penalidad, que concluyó a 27 de diciembre, con una imposición de una penalidad de 2,7 millones de euros», relató la consejera, que volvió a insistir en que «en todo este tiempo hemos intentado, como es nuestra obligación, aumentar el ritmo de las obras y llegar a un acuerdo con la empresa».
Por su parte, Adrián Pumares calificó como «un insulto» que Saavedrea diga que la rescisión de este contrato se convierta en «una nueva oportunidad» para Gijón, cuando «se van a cumplir 12 años desde que el entonces consejero Faustino Blanco anunciara las obras de ampliación del hospital de Cabueñes».
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