La ampliación de Cabueñes: del teórico fin de obra a la rescisión del contrato

El acto oficial, con presencia de autoridades, de colocación de la primera piedra de la ampliación del Hospital de Cabueñes tuvo lugar en septiembre de 2024. Para llegar a esa fecha hubo que licitar por segunda vez las obras. La primera licitación, en 2021, por casi 45 millones de euros no atrajo ofertas. Hubo que incrementar el presupuesto hasta los 85 millones. Entonces sí, se presentaron nueve empresas. Se hizo con el contrato FCC-Los Álamos por 79 millones, unos seis millones menos de lo licitado.

Casi desde el principio. La propia Consejería de Salud reconocía que ya «el inicio de la obra fue más lento de lo previsto». Apenas transcurrido un año del inicio de los trabajos, un informe desfavorable de la Sindicatura de Cuentas daba a conocer la «insuficiencia de medios adscritos a la obra por el contratista». Estamos a principios de 2024. El retraso era entonces de cuatro meses. El nuevo plazo para la finalización de los trabajos se trasladaba así a mayo de 2025. Este retraso dio lugar a la apertura de un expediente de penalidad por el que se impone el pago de 2,7 millones a la UTE.

Casi recién nombrada consejera, en agosto de 2023 Concepción Saavedra tiene una reunión con la UTE en la que esta le traslada que existe «un desequilibrio presupuestario» que se cifra entonces en 20 millones de euros. Pero no es hasta el verano de 2024 cuando las empresas presentan dos documentos por registro. En uno demandan el pago de 13 millones de euros por 'riesgo imprevisible' –circunstancias sobrevenidas ajenas a la UTE y a la Administración– y en otro, una modificación del proyecto de 31 millones de euros relacionada únicamente con la estructura del edificio de la ampliación y que ignoraba los cambios planteados por la gerencia del Área Sanitaria V para mejorar el proyecto, como el de dar una altura más al nuevo bloque. La consejería está dispuesta a aceptar una actualización de los precios, «pero no a esos niveles»: «Cuatro o cinco veces» por encima del precio de mercado.

El volumen de certificación de obra mensual por parte de las empresas constructoras cayó en picado a partir de octubre. De superar el millón de euros se pasó, en diciembre, a certificar trabajos por tan solo 371.000 euros. También se redujo de forma considerable el número de operarios en el tajo.

A la vista de que, 29 meses después de iniciarse las obras no se ha ejecutado ni un tercio del encargo y de que las diferencias económicas planteadas son insalvables, el 24 de enero de 2025 Salud rescinde de forma unilateral el contrato, atendiendo a los informes de los técnicos del servicio de obras y de la dirección facultativa que plantearon «que no había otra solución».

La principal preocupación ahora es 'cerrar' bien la obra de la ampliación para evitar su deterioro en los meses en que los trabajos van a estar paralizados. La Consejería de Salud elaborará un nuevo proyecto, mejorado, para incluir innovaciones tecnológicas (domótica, robótica e Inteligencia Artificial), «lo que hemos aprendido durante la pandemia, como dobles circuitos o espacios polivalentes que nos permiten ajustarnos a las necesidades de cada momento» y los espacios grises no contemplados en la fase inicial (laboratorio, esterilización, farmacia y hemodiálisis). El encargo se ha planteado a la empresa pública Tragsa, para tratar así de acortar plazos. Después habrá que licitar nuevamente las obras. Y que estas comiencen. ¿Cuándo? Salud quiere que sea a principios de 2026. Se verá.