El Principado lleva hoy la siniestralidad laboral a la Conferencia de Presidentes

En ese sentido, desde el Gobierno del Principado apuestan por redoblar esfuerzos, junto con los agentes sociales, para reducir las cifras actuales. El de la siniestralidad es el principal tema de preocupación que Barbón reflejó en la carta que remitió esta semana al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Una misiva en la que trasladó las cuestiones de especial interés para Asturias de cara a la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes –que se celebrará en diciembre en Cantabria–, como la salud mental y la lucha contra la violencia de género. «Todas ellas están vinculadas al fortalecimiento del estado de bienestar y a la mejora de la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, dos de los pilares básicos de la acción del gobierno progresista», explican desde el Ejecutivo autonómico.

En la carta, Adrián Barbón hace referencia a «las tragedias personales y las familias devastadas» por los accidentes laborales, unos hechos que justifican que la siniestralidad laboral se aborde «con urgencia».

Así, Llamedo se encargará hoy de abordar todas estas cuestiones en el comité preparatorio convocado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este comité es, según los estatutos, quien tiene en sus competencias la fijación del orden del día de cara a la Conferencia de Presidentes.

Las elevadas cifras de accidentes laborales han provocado indignación entre los sindicatos, que culpan principalmente a los empresarios del incremento en la siniestralidad.

La semana pasada, Comisiones Obreras y UGT volvieron a concentrarse en Oviedo para reivindicar más medidas y un refuerzo de los medios que frenen esa escalada y apuntaron directamente a la patronal regional, al llevar su protesta a las puertas de la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en Pintor Luis Fernández. Este mismo miércoles tienen convocada una manifestación en Gijón que esperan que sea masiva.

Entre las muchas medidas que proponen los sindicatos están: aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; instar al Gobierno central a crear juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y que haya una Fiscalía específica con medios. Además, plantean formar y dar carácter sancionador a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para actuar en casos flagrantes en materia de prevención.